Contraloría emitió alerta por cientos de predios comprados por la ANT para la reforma agraria: pagó casi un billón y no existen títulos de propiedad

La compra de predios sin escritura para la reforma agraria quedó bajo cuestionamiento en Colombia después de que la Contraloría advirtiera que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) pagó 979.003.376.000 pesos por 537 inmuebles administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sin que se consolidara su transferencia registral.

Según un informe oficial revelado por la revista Cambio, la Contraloría cuestionó esa compra porque la ANT desembolsó el total de los recursos por 537 predios sometidos a extinción de dominio sin que existiera todavía registro a favor de la nación. Con corte al 22 de junio de 2026, solo tres estaban escriturados, aunque la ANT confirmó que unos 300 ya habían sido entregados para la reforma agraria.

El hallazgo se concentra en recursos comprometidos en 2025 y en un convenio firmado en 2024 para adquirir tierras administradas por la SAE. La auditoría concluyó que apenas tres de los 537 predios habían sido integrados al inventario del Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral.

Esos tres inmuebles son Santa Bárbara, El Porvenir o la Honda y San Ignacio y El Atropello. Su avalúo conjunto asciende a 20.996 millones de pesos.

Para el ente de control, la ANT ejecutó pagos completos sin garantizar antes la tradición de los inmuebles. También advirtió que, al no estar perfeccionada la titularidad jurídica, los bienes ya entregados quedan expuestos a disputas que podrían afectar la seguridad jurídica del patrimonio público.

Los riesgos jurídicos que advirtió la Contraloría

La auditoría señaló que la nación todavía no figura como titular de la mayoría de esos predios. Por eso, podrían aparecer medidas cautelares, reclamaciones de terceros o embargos derivados de procesos contra antiguos propietarios o contra la SAE.

El informe revelado por la revista mencionada también afirma la figura de la inoponibilidad. Según esa tesis, un negocio puede ser válido entre las partes y aun así no surtir efectos frente a terceros.

La Contraloría sostuvo que la ANT pagó el 100% de la contraprestación sin recibir formalmente el activo. Desde esa perspectiva, el Estado habría perdido prelación frente a terceros de buena fe que registren antes un derecho sobre esos bienes.

El órgano de control añadió que durante la ejecución contractual se flexibilizaron cláusulas que originalmente subordinaban los pagos a hitos registrales y de transferencia jurídica. A juicio de la auditoría, esa modificación priorizó el flujo de caja sobre el registro de la propiedad.

El informe también citó el decreto ley 902 de 2017 para sostener que los predios deben incorporarse primero al Fondo de Tierras antes de su adjudicación. Según ese criterio, si no existe tradición previa, la entrega posterior a campesinos carecería de base legal suficiente.

La defensa de la ANT y la meta de escrituración

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) respondió que sí suscribió promesas de compraventa por los 537 predios y que la escrituración depende de etapas técnicas previas. La entidad indicó que, una vez concluyan el saneamiento predial y los avalúos, avanzará la inscripción en los folios de matrícula inmobiliaria.

La ANT también sostuvo que, si surge una medida posterior a la firma de la promesa de compraventa, la SAE deberá cubrir esos costos con la reserva técnica prevista para atender requerimientos judiciales. Además, atribuyó parte de las demoras a riesgos de seguridad para sus funcionarios por el origen ilícito y de despojo de varios de esos bienes.

Juan Felipe Harman rechazó que el caso implique un riesgo fiscal. Según su versión, si el hallazgo apuntara a una pérdida efectiva del billón de pesos, la observación sería fiscal y no administrativa.

“Si existiese una decisión particular de la justicia que devuelva uno de estos bienes, lo que tienen que devolver es la plata equivalente al bien. No el bien en sí mismo. Por tanto, los campesinos que gozan de la tierra de la reforma agraria tienen la absoluta certeza y la seguridad jurídica de que hay una plata que ya pagó el Estado por esas fincas, que es de un billón de pesos y que va, de alguna manera, a respaldar cualquier decisión de la justicia sobre esa tierra”, señaló Harman a Cambio.

El director de la ANT defendió la estabilidad del convenio con la SAE y dijo que la transferencia predio a predio avanza dentro de los tiempos de ejecución. También atribuyó retrasos a diligencias de policía, trámites topográficos, avalúos, visitas agronómicas y a la ley de garantías.

El funcionario afirmó que más del 70% de los bienes del convenio ya está en avalúo y que la ANT espera dejar saneado al menos el 60% de esos predios. Su meta es que queden organizados en el Fondo de Tierras para que la próxima administración complete el 40% restante.

La disputa por las cifras de la reforma agraria

La discusión se cruzó con el balance final de la reforma agraria del Gobierno Petro. Cecilia López, exministra de Agricultura, sostuvo que de las 450.000 hectáreas reportadas como entregadas solo 87.600 tienen escritura pública registrada.

Harman respondió que esa cifra no refleja el total de tierras a nombre de la ANT. Aseguró que hay más de 550.000 hectáreas registradas a nombre de la entidad y que el universo de predios vinculados a la SAE suma unas 60.000 hectáreas dentro de 720.000 hectáreas gestionadas.

También dijo que más de 300 de los 537 predios del convenio ya fueron entregados a campesinos y que alrededor de 100 siguen pendientes de aprehensiones de policía. Según su balance, el Gobierno cierra con alrededor de 750.000 hectáreas gestionadas, más de 450.000 entregadas y 2,3 millones formalizadas.

Harman agregó que presentó denuncias en la Fiscalía por amenazas a campesinos en fincas relacionadas con estas entregas y mencionó señalamientos contra narcotraficantes y estructuras armadas en el Magdalena Medio. Para la Contraloría, la posibilidad legal de adquirir bienes sometidos a extinción de dominio no elimina los riesgos jurídicos, patrimoniales, registrales y fiscales cuando el dinero público se desembolsa antes de que la propiedad quede registrada a nombre del Estado.