La orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, sigue en el limbo.
Aunque la Fiscalía General de la Nación ya formalizó la petición de una circular roja ante Interpol, la sede central de ese organismo en Lyon, Francia, no habría expedido la orden debido a los trámites diplomáticos y a una gestión paralela del propio González: su solicitud de refugio político en Nicaragua.
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Estos movimientos de González han sido el principal obstáculo para que se active la circular roja, de acuerdo con la información tomada por Semana.
Según fuentes de la Fiscalía que hablaron con el medio citado, Carlos Ramón González se encuentra fuera del país y ha adelantado gestiones para buscar protección ante gobiernos extranjeros, entre ellos, el de Daniel Ortega.
De obtener el estatus de refugiado, las autoridades de países aliados a Interpol podrían abstenerse de detenerlo, alegando persecución política, lo que entorpece la vía judicial.
La Fiscalía remitió la solicitud de circular roja a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, la cual la canalizó con la oficina de Interpol Colombia, ubicada en la Dijín de la Policía.
Desde allí, el requerimiento fue elevado a la sede central de Interpol en Francia, que es la única instancia con competencia para autorizar la publicación de una orden de captura internacional.
Sin embargo, el trámite se ha visto afectado por los argumentos del exfuncionario sobre una supuesta persecución, que podrían estar siendo valorados por Interpol antes de pronunciarse.
La preocupación por riesgo de fuga
La ubicación de Carlos Ramón González en Nicaragua y la ausencia de confirmación sobre un posible asilo han elevado la preocupación de las autoridades colombianas, que consideran su permanencia en el extranjero como un riesgo real de no comparecencia ante la justicia.
Así, la atención se centra en el proceso judicial que enfrenta González, quien permanece fuera del país mientras se mantiene vigente la medida de aseguramiento en su contra.
El caso judicial ha tenido además un giro por la decisión de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que devolvió la apelación contra la medida de aseguramiento y la orden de captura a un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá.
Esta determinación responde a una reciente reforma judicial que cambió la competencia para estos casos y estableció que la función de juez de control de garantías recae ahora en un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
Los autos dictados en esta función son apelables ante la Sala siguiente del mismo tribunal.
El magistrado Marco Antonio Rueda Soto, encargado del despacho, ordenó la devolución de las diligencias al tribunal superior, argumentando que la reforma ya está en vigor y ha modificado las reglas procesales aplicables.
Por ello, la Corte Suprema declaró su falta de competencia para resolver la apelación contra la medida de aseguramiento en cárcel y la orden de captura dictadas contra González. De este modo, la continuidad del proceso queda en manos del Tribunal Superior de Bogotá.
La Fiscalía General de la Nación imputó a González los delitos de peculado, cohecho y lavado de activos, en el marco del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La medida de aseguramiento fue dictada por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá el 3 de julio, con el objetivo de garantizar la presencia del exfuncionario en el proceso judicial.
Según la Fiscalía, González habría dirigido desde la Casa de Nariño un esquema para desviar recursos públicos y pagar sobornos a congresistas, lo que ya ha llevado a prisión preventiva a varios funcionarios y legisladores.
La investigación sostiene que se infló un contrato por 46.800 millones de pesos para desviar fondos hacia coimas destinadas a figuras del Congreso.
Implicados de alto perfil
El testimonio de Olmedo López, exdirector de la UNGRD, ha sido fundamental para ampliar las investigaciones hacia nuevos implicados.
La fiscal delegada del caso, María Cristina Patiño, afirmó que las órdenes de manipulación contractual “vinieron de González, quien para entonces ocupaba uno de los cargos de mayor poder en el Ejecutivo, porque requiere gran confianza del mandatario”.
La defensa de González, encabezada por el abogado Iván Cancino, ha rechazado las acusaciones, calificándolas como “calumnias sin fundamento” y argumentando que el caso se basa en el testimonio de un “testigo mentiroso, con ánimo de revancha y motivaciones políticas”.
Cancino solicitó la nulidad de la medida de aseguramiento, aunque esta sigue vigente.
Mientras tanto, Carlos Ramón González continúa prófugo de la justicia y fuera del país, con una orden de captura vigente que depende ahora de la decisión de Interpol para su activación internacional.
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