Entutelaron al presidente Gustavo Petro por presunta crisis de financiamiento en la fuerza pública

Una acción de tutela fue radicada recientemente ante el Consejo de Estado por el movimiento Defensores de la Patria, representado por los abogados Abelardo de la Espriella y Germán Calderón España, quienes solicitaron al alto tribunal tomar medidas frente a lo que consideran una grave situación de desfinanciación que afecta a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

De acuerdo con el documento presentado, la acción se fundamenta en la posible amenaza a derechos fundamentales como la vida, la seguridad y la integridad de los ciudadanos y de los propios accionantes, debido a la supuesta falta de recursos para la operatividad de la fuerza pública en un contexto de expansión de estructuras criminales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El escrito cita como sustento principal una investigación publicada por la revista Semana, la cual, tras un trabajo de recopilación de datos durante cuatro meses, puso en evidencia lo que describió como una situación crítica para las instituciones encargadas de garantizar el orden público en el país.

Según el mencionado medio, el Ejército, la Policía, la Armada, la Fuerza Aeroespacial y el Comando General de las Fuerzas Militares estarían operando con presupuestos insuficientes para cubrir sus necesidades básicas de funcionamiento.

De acuerdo con esa publicación, se habrían identificado retrasos operativos, desactualización de equipos y carencias logísticas que, a juicio de los demandantes, podrían favorecer el avance de redes delincuenciales y organizaciones vinculadas con actividades como el narcotráfico. El informe periodístico también señala que se habrían recibido respuestas oficiales, mediante derechos de petición, que confirmarían la brecha entre lo solicitado por las instituciones castrenses y lo finalmente asignado en el presupuesto nacional.

Por ejemplo, el Ejército habría indicado que requiere 22 billones de pesos para su operación anual, pero solo se habrían aprobado 12 billones; la Policía, por su parte, solicitó 23 billones y obtuvo una partida de 14 billones; mientras que la Armada y la Fuerza Aeroespacial tampoco habrían recibido los montos completos frente a sus requerimientos internos. La publicación añade que algunas regiones del país con fuerte presencia de actores armados ilegales habrían sido objeto de recortes, situación que, según Semana, limita la capacidad de respuesta frente a amenazas a la seguridad interna.

Los accionantes también hicieron referencia a casos reportados por el medio de conflicto, en los que uniformados habrían tenido que cubrir con recursos propios gastos asociados a labores de inteligencia, recompensas y patrullajes. En departamentos como Antioquia y Santander, según se indica, autoridades locales habrían recurrido a contribuciones extraordinarias para intentar suplir parcialmente las necesidades básicas de las tropas y la Policía.

En su petición al Consejo de Estado, los abogados De la Espriella y Calderón España solicitaron que se adopten medidas para que el Gobierno nacional garantice los recursos económicos y financieros necesarios para la Fuerza Pública, de forma que se protejan los derechos fundamentales de los accionantes y de la ciudadanía en general. El movimiento Defensores de la Patria argumentó que la situación denunciada pone en riesgo la seguridad nacional y la estabilidad institucional del país.

Hasta el momento, no se conoce pronunciamiento oficial de la Presidencia de la República frente a esta demanda. La acción fue radicada para reparto y se encuentra a la espera de asignación de magistrado ponente, quien definirá si admite o no la tutela y si se dictan medidas provisionales mientras se adelanta el trámite de fondo.

La controversia se presenta en un contexto de crecientes cuestionamientos de sectores políticos y de opinión que señalan posibles deficiencias en la financiación de las Fuerzas Armadas, especialmente en momentos en que algunas zonas del país reportan recrudecimiento de hechos violentos y reconfiguración de estructuras criminales.

El caso continuará su curso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, mientras diversos sectores estarán atentos a la respuesta del Gobierno y a las decisiones que pueda adoptar la justicia frente a esta solicitud que plantea una discusión sobre la relación entre la política fiscal y la seguridad interna del país.