La entrega de dos cuerpos a sus familias en Medellín, el 14 y 15 de julio, no solo marcó un momento de duelo y dignidad. También coincidió con un nuevo hallazgo, el equipo forense de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) exhumó restos óseos que corresponderían, al menos, a dos víctimas más de desaparición forzada en La Escombrera, una de las zonas más intervenidas y simbólicas en la búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado colombiano.
Los restos fueron localizados a pocos metros del lugar donde, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, se habían encontrado otras cuatro víctimas. El hallazgo tuvo lugar en un área protegida por medida cautelar desde abril de 2025, tras la decisión de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP. En total, ya son seis los cuerpos exhumados en este enclave de la Comuna 13.
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La Escombrera, conocida por décadas como un vertedero de escombros en la ladera occidental de Medellín, se convirtió en un punto neurálgico para la justicia transicional. Allí confluyen memoria, impunidad y esperanza. Según la magistratura, este sitio forma parte del universo provisional de hechos del Subcaso Antioquia, dentro del Caso 08, que investiga crímenes atribuidos a agentes de la fuerza pública en coordinación con grupos paramilitares, especialmente durante las 34 operaciones militares registradas en la zona entre 2001 y 2004.
Los trabajos de excavación que permitieron este descubrimiento son resultado de una intervención forense sin precedentes. En poco más de un año, el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef) de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP ha removido cerca de 43.000 metros cúbicos de escombros, con el apoyo de 10 expertos forenses, 20 operarios, maquinaria especializada y la colaboración técnica de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (Fafg). La Alcaldía de Medellín también contribuye con recursos logísticos.
Este escenario sigue siendo uno de los más complejos del país en términos forenses, señaló la jurisdicción, subrayando el carácter minucioso y prolongado de estas labores. Mientras tanto, la JEP entregó de forma privada los cuerpos de dos hombres jóvenes encontrados en enero de 2025, víctimas de desaparición forzada en 2002. Según las investigaciones preliminares, ambos habrían sido capturados y asesinados por miembros del Bloque Cacique Nutibara, un grupo paramilitar que operó en estrecha colaboración con sectores de la fuerza pública. Se trataba de trabajadores humildes, vecinos de barrios de Medellín, cuyos familiares esperaron más de dos décadas para conocer su paradero.
“Las entregas se realizaron en un acto privado, en el que los familiares honraron y dignificaron la memoria de sus seres queridos”, aseguró la JEP. La jurisdicción transicional reiteró que continuará sus esfuerzos para esclarecer los hechos relacionados con desapariciones forzadas, una de las violaciones más graves y persistentes cometidas como parte del conflicto armado. La Escombrera, pese a su silencio de años, comienza a revelar las huellas que el país no puede seguir ignorando.
La relevancia de estos hallazgos trasciende lo forense, toca el corazón mismo de la verdad histórica y la deuda del Estado con sus ciudadanos. Cada cuerpo recuperado en La Escombrera no es solo una evidencia material, sino una fractura del silencio que durante años encubrió alianzas criminales entre instituciones y actores armados ilegales. En un país donde la desaparición forzada fue utilizada como herramienta de control y terror, encontrar e identificar a una víctima es una forma de resistencia contra el olvido.
La articulación entre organismos judiciales, expertos forenses y entidades locales demuestra que el enfoque técnico puede y debe ir de la mano con la reparación simbólica. La justicia transicional, en este contexto, no solo busca sancionar responsabilidades, sino reconstruir el vínculo roto entre la ciudadanía y el Estado. La Escombrera, una montaña de escombros y verdades enterradas, se convierte así en un símbolo de memoria activa y de dignidad recuperada.
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