
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) reveló el monto que ha invertido el Gobierno del presidente Gustavo Petro en los procesos de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, recursos que provienen principalmente del Presupuesto General de la Nación.
La entidad explicó que durante el periodo en que se mantuvieron los diálogos, se llevaron a cabo seis ciclos y tres reuniones, en los que se firmaron 28 acuerdos y 14 protocolos. Todos estos instrumentos permanecen inactivos desde el primer mes de 2025. El ELN manifestó que carece de interlocutor y lanzó críticas severas contra el Gobierno Petro por la implementación de la política de Paz Total.
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Según un derecho de petición interpuesto por Semana, fue revelado que el Gobierno de Gustavo Petro reportó el uso de recursos superiores a $30.000 millones destinados a cubrir gastos logísticos y operativos relacionados con las negociaciones con el ELN. Estos fondos también contaron con el respaldo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp), dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). La mesa de conversaciones con el ELN permanece suspendida desde el 17 de enero de 2025, luego de una ola de violencia atribuida a este grupo armado ilegal en la región del Catatumbo.

En lo que respecta a las disidencias de las Farc, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informó un gasto aproximado de $21.404 millones. Este monto incluye los recursos empleados en los acercamientos con la estructura liderada por alias Iván Mordisco. Tras una ruptura interna, el Ejecutivo continuó el diálogo únicamente con el 40 % del grupo criminal, bajo el mando de alias Calarcá en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Meta y Bolívar, explicó el medio citado.
Desde la Casa de Nariño se destacó recientemente la creación de una zona de ubicación temporal para los integrantes del frente 33 de las disidencias de las Farc en Norte de Santander. Este grupo fue objeto de un ataque por parte del ELN durante la toma del Catatumbo, hecho que le cobró la vida a más de cien personas. El plan para la zona de ubicación temporal aún se encuentra en fase de diseño y la opinión pública desconoce sus detalles.

A su vez, el Gobierno dio a conocer las exorbitantes cifras que ha invertido en los procesos de paz con otros grupos armados. Con la Segunda Marquetalia ha gastado más de $6.429 para materiales logísticos, tiquetes aéreos, honorarios y viáticos.
A pesar del multimillonario gasto, los acuerdos no han podido ejecutarse, ya que hay divisiones internas en el grupo armado. En consecuencia, la transición a economías lícitas de 3.000 hectáreas de cultivos ubicadas en territorios con presencia de la Coordinadora Nacional en Nariño (2.000) y Putumayo (1.000) están en un limbo.
Con respecto al proceso de paz con el grupo Comuneros del Sur, el Gobierno Petro desembolsó $4.277 millones para gastos logísticos, tiquetes aéreos, honorarios, viáticos y gastos de desplazamiento, vuelos privados y medidas de protección. Este ha sido el único proceso exitoso en materia de desmovilización, puesto que alcanzaron acuerdos sobre la sustitución de los cultivos ilícitos y un plan para la reincorporación de, al menos, un centenar de sus integrantes.
De igual manera, la actual administración empleó más de $2.000 millones en espacios de construcción de paz en Buenaventura, Medellín o Quibdó, zonas del país azotadas por el conflicto armado. Esto, con el fin de disminuir los homicidios y evitar la expansión de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que tiene como principal intención obtener el control de las economías ilegales del país.
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