El pasado 10 de junio en la capital vallecaucana y varias localidades del vecino departamento del Cauca padecieron por una serie de ataques terroristas que dejaron dos policías y cinco civiles muertos.
Uno de los atentados fue un ataque armado en contra del Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Meléndez, contra el que detonaron un artefacto explosivo.
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Entre las personas heridas por ese hecho de violencia estuvo el señor Jhon Jairo Díaz, que el sábado 12 de julio fue dado de alta del centro asistencial al que lo trasladaron, luego del demencial ataque.
Luego de permanecer un mes hospitalizado y tras cinco cirugías, para que le lograran salvar la vida, el hombre también le agradeció a su perro, de nombre Kenzo, porque logró alertarlo para que no se acercara más al lugar del atentado.
“Cuando volteo para halarlo, me devolvió como unos dos pasos y en eso escucho la explosión. Pensé que era un accidente, cuando volteó a ver la motocicleta estaba en los aires”, detalló en el informativo de televisión Noticias Caracol.
Agregó que fue de esta manera que logró evitar su deceso en el caos posterior que ocurrió una vez los terroristas, al parecer miembros de una de las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, y por el que luego fue trasladado de emergencia a un centro asistencial.
“Recuerdo que un médico me decía: —ya salimos de cirugía, si me escuchas apriétame la mano— pero aunque lo escuchaba, no podía porque las fuerzas no me daban”, relató en el mencionado noticiero.
Su familia celebró su regreso, en especial sus dos perros, que no paraban de ladrar de felicidad cuando lo vieron retronar a su hogar, en lo que consideraron era un milagro por el que pedían todos los días.
Pese a ese hecho, los familiares del hombre señalaron que no guardaban rencor por lo sucedido, pero le pidieron a las estructuras al margen de la ley cesar la violencia en el Valle del Cauca.
“Lo único que les pido a esas personas es que lleguemos a la reconciliación, que piensen en la paz, que no hagan más daño porque hay muchas familias afectadas, todos los días llorando a sus hijos o a sus hermanos”, dijo en el mencionado medio de comunicación Zully Madrid, la esposa del afectado.
Los atentados
El 10 de junio el suroccidente del país vivió una ola de violencia con 24 ataques terroristas que ocurrieron al mismo tiempo en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
Estos atentados, que provocaron la muerte de cinco civiles y dos policías, se atribuyeron a grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, presuntamente en el contexto de la “conmemoración” de la muerte de Leider Johani Noscué Bototo, conocido como alias Mayimbú.
La Policía Nacional indicó que en el Valle se registraron 13 episodios violentos en los municipios de Jamundí, Palmira, Buenaventura y la ciudad de Cali. Mientras tanto, el departamento del Cauca sumó diez ataques en El Patía, Suárez, Toribío, Villa Rica, Timbiquí, Morales, Corinto, Caloto y Buenos Aires.
Las autoridades señalaron que los agresores emplearon varias modalidades: cuatro carros bomba, tres motocicletas bomba, diez lanzamientos de explosivos, cuatro ataques armados y el hallazgo de dos cilindros bomba en las calles.
La institución precisó que los dos patrulleros asesinados en Cauca fueron identificados como Jair Gonzalo Gurrete Bolaños, quien perdió la vida en Caloto, y Duván Andrés Ramírez Cárdenas, que falleció en Villa Rica.
Las acciones condujeron también a la muerte de cinco civiles y dejaron un total de 28 heridos, de los cuales 19 resultaron ser civiles, siete policías y dos militares, según lo reportaron las autoridades.
Ante la gravedad de la situación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional reforzaron las operaciones conjuntas en la zona buscando frenar el avance de estas organizaciones armadas.
Los operativos se enfocaron especialmente en desmantelar la estructura Jaime Martínez, señalada como una de las principales responsables de los ataques en este corredor estratégico del suroccidente.
Además, las autoridades aumentaron la recompensa a un máximo de 600 millones de pesos —300 millones por parte del Ministerio de Defensa y 300 millones de la Alcaldía de Cali— para quienes entregaran información que permitiera evitar nuevos atentados y lograr la captura de los responsables.
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