Archivan proceso penal contra el senador Álex Flórez por agredir borracho a un policía en Cartagena: la Procuraduría no estuvo de acuerdo

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación penal contra el senador barranquillero Álex Xavier Flórez Hernández, del Pacto Histórico, por los hechos ocurridos el 2 de septiembre de 2022 en un hotel de Cartagena.

Ese día, el congresista protagonizó un altercado con empleados del establecimiento y agredió verbalmente a tres policías que acudieron al sitio, en medio de un estado de alicoramiento.

La situación se desencadenó cuando el personal del hotel solicitó a la acompañante del senador que presentara un documento de identidad para verificar si era mayor de edad.

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Ante la negativa, se le negó el ingreso a la mujer, lo que provocó la airada reacción de Flórez. En medio del incidente, el senador insultó reiteradamente a los uniformados, llamándolos “asesinos”, “ladrones” y “delincuentes”, además de amenazarlos con ser removidos de sus cargos. “En menos de 24 horas estarán trasladados y echados de la Policía”, gritó en varias ocasiones.

Tras la difusión del episodio en redes sociales y medios de comunicación, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y concluyó que el comportamiento del senador afectó la integridad moral, el buen nombre y la dignidad de los policías.

En una resolución, el Ministerio Público calificó las expresiones de Flórez como un “mensaje de anarquía” que contraviene el Estado Social de Derecho y deslegitima el ejercicio de la autoridad por parte de quienes están llamados a preservar el orden público.

Inicialmente, la Procuraduría impuso una sanción de ocho meses de suspensión e inhabilidad para ejercer funciones públicas, al considerar que Flórez, como funcionario de alto rango, vulneró el principio de moralidad. La sanción fue posteriormente modificada y reducida a seis meses en octubre de 2024, tras valorar la existencia de dos agravantes y dos atenuantes. No obstante, la medida aún no ha quedado en firme, ya que el senador apeló la decisión y se encuentra a la espera de un pronunciamiento definitivo.

Mientras tanto, en el ámbito penal, el caso fue analizado por el magistrado César Reyes de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que determinó que los hechos, si bien reprochables, no constituyen un delito. Con base en estos elementos, Reyes ordenó archivar la indagación previa contra el congresista.

En declaraciones posteriores al incidente, el propio senador ofreció disculpas públicas a los uniformados afectados, aunque estas no evitaron el avance del proceso disciplinario. “No hay nada que justifique mi comportamiento y por eso reitero mis disculpas. De nosotros se espera lo mejor, reconozco que debemos dar ejemplo para una sociedad que requiere cambio, también de nuestra parte. Esto no volverá a ocurrir”, expresó en un comunicado.

Corte Suprema llamó a juicio al exrepresentante Jhon Arley Murillo por presuntas irregularidades electorales

La Corte Suprema de Justicia formuló una acusación formal contra el exrepresentante a la Cámara Jhon Arley Murillo Benítez, que ocupó una curul por las comunidades afrodescendientes durante el periodo legislativo 2018–2022.

La Sala Especial de Instrucción lo acusa de los delitos de corrupción al sufragante, fraude procesal y falsedad en documento privado, en relación con presuntas irregularidades cometidas durante su campaña electoral.

Según el expediente del alto tribunal, Murillo habría omitido deliberadamente la presentación de los informes financieros requeridos por la legislación electoral. La norma exige que los candidatos reporten de manera detallada tanto los ingresos como los gastos de campaña.

La ausencia de esta información ante las autoridades competentes es considerada un factor central en el proceso, ya que puede constituir una infracción administrativa y, a la vez, una posible estrategia para vulnerar la transparencia del proceso democrático.

El delito de corrupción al sufragante, tipificado en el Código Penal colombiano, se refiere a la entrega o promesa de beneficios a cambio de votos, mientras que el fraude procesal y la falsedad en documento privado aluden a prácticas que distorsionan la verdad ante instancias judiciales o administrativas.

Aunque la Corte no reveló en esta fase los detalles específicos sobre los hechos ni los mecanismos usados para incurrir en esas conductas, sí dejó claro que los indicios son suficientes para avanzar hacia un juicio formal.

Murillo, que accedió a su curul mediante el sistema especial de representación de las comunidades afrodescendientes, deberá enfrentar la etapa de juicio oral, en la que se esclarecerá su grado de responsabilidad en los hechos imputados.