
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 14 años al exconcejal de San Pedro, Valle del Cauca, Eduvier Restrepo Grajales.
El cabildante, que ejerció durante el periodo 2020-2023, recibió esta determinación por parte de la entidad, que comunicó su decisión a través de un comunicado divulgado el 7 de julio, pero que días después ha suscitado diversas reacciones por parte de los usuarios en las redes sociales.
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Y es que el rostro de Restrepo Grajales se volvió viral en redes sociales luego de que se difundiera la fotografía de su captura por intentar sobornar a dos policías, tras ser detenido por conducir en estado de embriaguez. Fue por esta acción que la Procuraduría lo sancionó.
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De acuerdo con el fallo de primera instancia, emitido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Cali, Restrepo Grajales fue intervenido por una patrulla de la Policía Nacional el 20 de junio de 2020, fecha en la que regía ley seca en Guadalajara de Buga, y por ende, se prohibía la venta y consumo de licor.
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Durante el procedimiento, el entonces concejal invocó su investidura para evitar la imposición de la sanción correspondiente.
Los policías relataron que Restrepo Grajales les ofreció un total de 90 mil pesos (dos billetes de $20.000 y uno de $50.000) para que omitieran el cumplimiento de sus funciones.

La Procuraduría calificó la conducta del exconcejal como una falta gravísima cometida a título de dolo, al considerar que su actuar vulneró la moralidad pública y se apartó del deber funcional asignado a su cargo.
La sanción implica destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por catorce años, decisión que se encuentra en primera instancia y puede ser objeto de recursos por parte del sancionado.
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El caso hizo recordar al uniformado de Soacha que se hizo viral por un video luego de comerse varios billetes
Uno de los dos policías en el municipio de Soacha (Cundinamarca, y vecino a Bogotá) que se hizo viral en redes sociales por comerse varios billetes (nueve), presuntamente para ocultar evidencia de una extorsión, fue dejado en libertad por vencimiento de términos.
El hecho, registrado en video, ocurrió tras un operativo del Gaula que capturó a los uniformados en flagrancia cuando recibían dinero de una supuesta víctima.
El caso se remonta a mayo de 2023, cuando una comerciante denunció que los policías retuvieron a su esposo y exigieron una suma inicial de un millón de pesos, tras lo cual el uniformado lo dejó en libertad.
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Posteriormente, los agentes solicitaron $5.000.000 en cuotas semanales de $500.000.
Al realizar el primer pago, se desplegó el operativo que permitió la captura, momento en el que uno de los patrulleros se tragó el papel moneda para destruir la prueba y tuvo que ser atendido en un hospital.
A pesar de la gravedad del hecho y de que la víctima entregó pruebas y su testimonio, la investigación avanzó lentamente.
La denunciante expresó su preocupación, asegurando que ni la Fiscalía ni la Procuraduría han imputado los cargos correspondientes y advirtió ante el riesgo de que el segundo patrullero también quede en libertad, precisó la mujer a mediados de mayo de 2024.
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La Procuraduría General abrió investigación disciplinaria por presunta extorsión en contra de los agentes que pertenecen a la Policía Metropolitana de Soacha. La extorsión habría ocurrido tras una investigación legal previa en la que el comerciante estaba involucrado.
Expatrullero involucrado en caso de billetes en Soacha fue víctima de un ataque en prisión
El caso del expatrullero Diego Muñoz, conocido por haberse comido varios billetes durante un operativo en Soacha para ocultar evidencia de una extorsión, sumó un nuevo episodio: fue víctima de un ataque con arma cortopunzante en el patio de funcionarios de la cárcel La Picota, en Bogotá.
La defensa del exuniformado solicitó a las autoridades garantizar su vida e integridad, afirmando que el intento de asesinato se relaciona con su decisión de cooperar con la justicia.
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Este hecho se conoció dos meses después de la liberación de uno de los involucrados que aparecieron en el video viral.
Muñoz enfrenta cargos de extorsión y privación arbitraria de la libertad. Su abogado, Luis Gustavo Moreno, explicó que el expatrullero tramita un preacuerdo con la Fiscalía, asumiendo su responsabilidad en los hechos relevantes de 2023, cuando fue capturado en flagrancia.
Según la defensa, la cooperación de Muñoz ha generado resentimiento entre otros internos y excompañeros, quienes buscan silenciar su testimonio.
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