
Un día después de que concluyeran los alegatos finales del expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalado de ser responsable de presuntos soborno a testigos y fraude procesal, la colectividad del exmandatario defendió de manera enfática la conducta del expresidente y cuestionó a Iván Cepeda, senador y representante de las presuntas víctimas.
En una declaración pública a través de su cuenta oficial de X, la colectividad uribista enfatizó que, a lo largo de la investigación y pese a interceptaciones telefónicas ilegales, no existe prueba alguna de que Uribe hubiera ordenado a algún testigo mentir o permanecer en silencio.
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Por el contrario, destacaron la consistencia del expresidente en solicitar que todos los testimonios fueran verídicos, incluso si lo perjudicaban, según consignó el equipo político de Uribe.
En su mensaje, el Centro Democrático se fue directamente contra el senador del Pacto Histórico, asegurando que Cepeda tergiversó los alegatos presentados y el expresidente nunca actuó en la clandestinidad o con móviles ilícitos.

“Le ponemos de presente al señor Cepeda que no hay una sola comunicación pública ni privada del expresidente Álvaro Uribe, incluidas las interceptaciones ilegales de las que fue víctima, en la que se haya instruido a un testigo para que mintiera o callara”, escribió el partido.
Además, resaltaron la transparencia del proceso, afirmando que cada actuación fue de interés público.
En esa línea, recordaron el episodio en el que el abogado Diego Cadena comunicó sobre la acción de revisión respecto al testigo Monsalve y Uribe exigió que cualquier gestión se divulgara públicamente.
El reciente pronunciamiento de la colectividad también apuntó contra las declaraciones de Cepeda sobre supuestas confesiones acerca de vínculos con el paramilitarismo.

Afirmaron que durante el gobierno de Uribe se tramitaron extradiciones de jefes de esas estructuras, entre ellos, Salvatore Mancuso y la captura de Pablo Hernán Sierra, lo que consideran incompatible con las narrativas de la contraparte.
“Cepeda también miente cuando habla de “confesiones” sobre vínculos con paramilitares. Fue el gobierno del presidente Uribe el que extraditó a los principales cabecillas de esas estructuras criminales, incluido Salvatore Mancuso, quien curiosamente hoy declara a favor de las supuestas víctimas, entre ellas, el propio Cepeda”, continuó.
La colectividad describió una presunta obsesión de Iván Cepeda por desacreditar al expresidente, a quien acusa de usar falsos testimonios y el aparato judicial para fines políticos.

A su vez, sostuvieron que la estrategia acusatoria surge desde la contraparte basada en testimonios supuestamente pagados o presionados.
Además, señalaron que Cepeda no abordó públicamente errores judiciales en la gestión de honorarios de Diego Cadena ni el episodio de Harlintont Mosquera, en Pacho, Cundinamarca.
“Cepeda insiste en victimizarse cuando en realidad ha sido él quien durante más de una década ha convertido su vida política en una obsesión por destruir la honra de Álvaro Uribe Vélez. No puede ahora rasgarse las vestiduras cuando se le exige responsabilidad frente a sus contradicciones, a su relación con testigos falsos, y al uso político del aparato judicial”, señaló el Centro Democrático.
Entretanto, el senador Iván Cepeda, que se ha convertido en el representante de las presuntas víctimas, expresó públicamente su rechazo a la presión política sobre el proceso, especialmente, del partido del expresidente Álvaro Uribe.

“Al Centro Democrático lo invito a sosegarse. Su jefe político y muchos de sus dirigentes han intentado durante años calumniarme y someterme al silencio mediante una intensa persecución. No lo han logrado ni lo lograrán. No podrán doblegarme con agravios, falsos testigos o amenazas. Ya culminó el juicio. Ahora vendrá el fallo. Lo que viene es respetar la justicia y acatarla. Sin ira ni odio”, manifestó el senador, según publicó su equipo político en las redes.
El prolongado proceso judicial, iniciado hace 13 años, se remonta a febrero de 2012 cuando Álvaro Uribe denunció a Iván Cepeda por abuso de función pública, fraude procesal y calumnia agravada, después de que este último compartiera declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra acusando a los hermanos Uribe Vélez de presuntamente auspiciar grupos paramilitares en Antioquia.
Sin embargo, en febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda e inició una investigación formal contra Uribe ante presuntos indicios de manipulación de testigos.
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