El sector arrocero colombiano enfrenta un nuevo episodio de tensión debido a la caída sostenida en el precio del arroz paddy verde (arroz con cáscara, antes de su procesamiento industrial) y a la falta de cumplimiento por parte del Gobierno de los compromisos adquiridos con el gremio.
La situación ha motivado a los agricultores a convocar un paro nacional, el segundo en lo corrido de 2025, con el propósito de exigir acciones concretas que eviten mayores afectaciones económicas para los pequeños productores.
Durante el último año, el precio de la carga de arroz ha disminuido en 410.714 pesos, lo que ha encendido las alertas entre los cultivadores del cereal.
Actualmente, los precios se ubican entre un 20 % y un 25 % por debajo de lo considerado viable por los gremios técnicos del sector.
En la región central del país, una carga de paddy verde se paga en promedio a 170.000 pesos, mientras que en los Llanos Orientales –zona donde se concentra la mayor producción del primer semestre– el valor ha caído hasta los 158.000 pesos.
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La Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz) ha manifestado su preocupación por la situación, aunque aclaró que no respalda oficialmente la convocatoria al paro.
No obstante, el gremio insiste en que es urgente que el Gobierno, en particular el Ministerio de Agricultura, cumpla con los acuerdos previamente pactados para mitigar el impacto económico que enfrentan los cultivadores.
Uno de los principales reclamos del sector es la definición de un precio base que permita cubrir los costos de producción y asegurar un margen razonable de ganancia.
Fedearroz estima que una cifra razonable debería oscilar entre 200.000 y 220.000 pesos por carga, como punto de equilibrio que garantice la sostenibilidad de la actividad agrícola.
El fenómeno que explica la caída del precio del arroz tiene varias causas, entre las que destaca el comportamiento de la oferta. Durante los ciclos agrícolas recientes, los productores sembraron una cantidad considerable de hectáreas ante la expectativa de una buena demanda. Sin embargo, al llegar el periodo de cosecha, la oferta resultó mayor a la proyectada, lo que desencadenó una sobreproducción que ha afectado directamente los precios en el mercado.
Adicionalmente, el retiro en 2023 del incentivo estatal para el almacenamiento de excedentes ha agravado la situación. Este mecanismo permitía a los productores almacenar el grano durante varios meses con el respaldo de un subsidio del Gobierno, lo cual ayudaba a evitar una saturación inmediata del mercado y facilitaba un suministro más equilibrado durante el primer semestre del año siguiente.
La eliminación de este programa, según los gremios, dejó a los agricultores sin una herramienta fundamental para gestionar la sobreoferta. También implicó la pérdida de un referente de precios que permitía ordenar el mercado y asegurar ingresos justos. La combinación de estas condiciones ha generado un escenario adverso que, según analistas del sector, podría comprometer la producción nacional de arroz en los próximos ciclos si no se toman medidas urgentes.
Colombia consume anualmente cerca de 2,2 millones de toneladas de arroz blanco, por lo que cualquier impacto en la producción local podría tener consecuencias en la seguridad alimentaria y en los precios al consumidor final.
El llamado al paro refleja el creciente malestar entre los productores, quienes insisten en la necesidad de establecer mecanismos de estabilización de precios, apoyo financiero directo y restauración de políticas que ayuden a ordenar el mercado. Mientras tanto, el Gobierno no se ha pronunciado oficialmente sobre la nueva movilización, aunque se espera que en los próximos días se reanuden los canales de diálogo con los líderes del sector.
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