La Asociación Colombiana de Salud Pública (Acsp) pidió al presidente Gustavo Petro objetar parcialmente el proyecto de ley de la Cámara de Representantes, que regula el uso de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana, al considerar que algunas disposiciones del texto representan un riesgo para la vida y la integridad de los ciudadanos más vulnerables.
En un comunicado firmado por su junta directiva, la Acsp expresó su respaldo a las voces de sectores académicos y de la sociedad civil que han pedido una revisión del proyecto.
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Según la Asociación, si bien comparte el interés por fomentar el uso de energías limpias, considera que el proyecto, tal como está formulado, introduce vacíos normativos que podrían afectar la seguridad vial.
“La Asociación Colombiana de Salud Pública (Acsp), en coherencia con su compromiso con la equidad, la protección de la vida y la promoción de entornos seguros y saludables, se adhiere a la solicitud elevada por diversos sectores académicos y de la sociedad civil para que el señor Presidente de la República objete algunos de los puntos el Proyecto de Ley 111 de 2023 Senado / 219 de 2024 Cámara, ‘por medio del cual se regula la circulación y se promueve el uso de vehículos eléctricos livianos de movilidad personal urbana’”, precisan en el comunicado.
Uno de los puntos críticos señalados por la Acsp es la autorización de circulación de vehículos con una potencia de hasta 1000 vatios, sin exigir matrícula, Soat ni licencia de conducción. De acuerdo con el pronunciamiento, esta decisión dificultaría la fiscalización y el acceso a atención adecuada en caso de siniestros viales.
“La autorización de circulación de vehículos con potencia de hasta 1000W, sin requerimientos de matrícula, Soat ni licencia de conducción, lo cual dificulta su control, fiscalización y la garantía de atención en caso de siniestros”, señalaron.
La asociación también cuestionó la obligación de que estos vehículos compartan infraestructura con bicicletas y peatones, pese a que pueden alcanzar velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora.
“La obligación de circular por la ciclo-infraestructura, compartiendo espacio con bicicletas y peatones, sin considerar los riesgos asociados a velocidades potenciales superiores a 40 km/h”, indicó la Acsp.
Otro punto señalado por la Acsp es la ausencia de un enfoque diferencial que tenga en cuenta los patrones de movilidad de mujeres, personas con discapacidad y quienes ejercen labores de cuidado.
“La falta de enfoque diferencial y de género en la formulación de la norma, que desconoce los patrones de movilidad y necesidades de seguridad de mujeres y personas cuidadoras”, indicaron.
El pronunciamiento también advierte que el contenido del proyecto no es coherente con los lineamientos del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 ni con estándares internacionales sobre protección en la vía.
“La contradicción con principios del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 y con estándares internacionales que priorizan la protección de la vida sobre la velocidad”, expresaron.
La Acsp menciona experiencias de ciudades como Ámsterdam, Berlín, París y Wellington, que han establecido medidas como límites de velocidad, seguros obligatorios y prohibiciones de circulación en ciertas vías para este tipo de vehículos. La Asociación considera que ignorar estas lecciones implicaría un retroceso en los avances logrados en Colombia.
Además, se propone tener en cuenta programas nacionales como el proyecto Ciudades y Ruralidades (Cers) del Ministerio de Salud, que promueve una planificación territorial orientada a entornos seguros y saludables.
“También, sería deseable tener en cuenta las experiencias del proyecto Ciudades y Ruralidades (CERS) del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia que busca mejorar la salud de la población a través de la planificación territorial y entornos saludables con la participación de la ciudadanía para abordar los problemas que afectan la salud y la calidad de vida y la seguridad vial”.
La Acsp finaliza solicitando al Gobierno que se reabra el debate, con participación técnica y ciudadana, para construir una regulación que no ponga en riesgo a la población.
“Desde la salud pública, reiteramos que toda política de movilidad debe tener como eje la seguridad vial, la equidad y la protección de los derechos fundamentales. Por ello, solicitamos respetuosamente que se reconsidere la sanción de esta ley y se abra un espacio de diálogo técnico y participativo que permita construir una regulación que promueva la movilidad sostenible sin comprometer la vida y la salud de la ciudadanía”.
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