En la noche del sábado 5 de julio, Gustavo Chicangana Álvarez, periodista de Caracol Radio Guaviare, y su esposa Erika Londoño, fueron víctimas de un ataque armado en las inmediaciones de su vivienda en San José del Guaviare, capital del departamento de Guaviare.
Un grupo de hombres armados disparó contra la pareja, en medio de la creciente violencia que afecta el ejercicio periodístico en la región sur de Colombia.
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Tras el atentado, la Alcaldía de San José del Guaviare, liderada por Willy Alejandro Rodríguez Rojas, anunció una recompensa de 50 millones de pesos a quienes entreguen información que permita dar con la identidad y el paradero del responsable del ataque armado que sufrió Chicangana y su esposa en su domicilio.
Además, se conoció que el corresponsal de Caracol había recibido amenazas de disidencias de las Farc.
En un comunicado oficial, la administración municipal condenó el atentado contra Chicangana, miembro del equipo de Caracol Radio Guaviare, y expresó su rechazo a toda forma de violencia dirigida contra quienes ejercen el derecho a informar y la libertad de expresión.
El alcalde Rodríguez Rojas advirtió que actos violentos como el perpetrado contra Chicangana debilitan el ejercicio periodístico y afectan negativamente la estructura democrática de la sociedad local y nacional.
Por ello, pidió a las autoridades judiciales y de policía avanzar con celeridad en la investigación, además de adoptar medidas urgentes y ofrecer garantías reales de protección tanto para Gustavo Chicangana, su familia y los demás periodistas de la región.
El respaldo institucional se extendió al equipo completo de Caracol Radio Guaviare, quienes, según la administración municipal, atraviesan una situación difícil tras el ataque a uno de sus profesionales. La alcaldía reiteró su acompañamiento a las víctimas y reafirmó su compromiso de velar por la integridad y seguridad del gremio periodístico regional, además de expresar su apoyo a familiares y allegados de la pareja agredida.
En el comunicado oficial difundido por la administración y citado por Caracol Radio, se expresa: “Les enviamos todo nuestro apoyo y respaldo en este momento difícil y rogamos a Dios guardar sus vidas”, recogiendo el sentimiento de solidaridad institucional y comunitario ante lo ocurrido.
Defensoría del Pueblo condenó el ataque
La violencia y el hostigamiento contra periodistas en regiones bajo el control de grupos armados ilegales mantiene en alerta tanto a defensores de derechos humanos como a instituciones democráticas.
En el departamento del Guaviare, la reciente agresión sufrida por el periodista Gustavo Chica provocó no solo el rechazo de la sociedad, sino también declaraciones oficiales de organismos encargados de velar por los derechos fundamentales.
La Defensoría del Pueblo manifestó que el atentado constituye un ataque directo contra la democracia y la libertad de prensa, involucrando así valores esenciales para la convivencia y el ejercicio profesional de los comunicadores, según publicó el organismo a través de su cuenta oficial en X.
En el comunicado, la Defensoría del Pueblo calificó el incidente como una “agresión en contra de la libertad de prensa y la democracia misma” y resaltó el ambiente de alto riesgo al que se enfrentan los periodistas en zonas donde operan facciones armadas ilegales.
El organismo señaló que la situación expone la vulnerabilidad de quienes ejercen labores informativas en contextos marcados por la confrontación y la presencia de actores criminales con disputas activas, consignó también la Defensoría.
Tal como reportó la Defensoría, Gustavo Chica ya era objeto de amenazas y contaba con medidas de protección debido a su oficio. La entidad recordó que los grupos armados ilegales que hacen presencia en Guaviare, con enfrentamientos entre las disidencias al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como alias Iván Mordisco, y de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, han escalado una pugna violenta motivada por el control de las rentas ilegales, en particular el narcotráfico.
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