En una decisión judicial que marca un nuevo hito en los procesos derivados del estallido social de 2021, el Tribunal Superior de Bogotá ratificó el viernes 4 de julio la condena contra cuatro integrantes de la autodenominada Primera Línea, grupo que ganó notoriedad durante las manifestaciones que sacudieron al país durante el Gobierno de Iván Duque.
La sentencia fue respaldada públicamente por el exmandatario, que consideró el fallo como una reafirmación del Estado de derecho frente a lo que calificó como intentos de desestabilización.
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Los condenados, todos identificados como miembros de la Primera Línea del sector Portal Américas en Bogotá, fueron hallados culpables de los delitos de concierto para delinquir agravado y tortura. Deberán pagar una pena de 12 años y nueve meses de prisión, luego de que la Sala Penal del Tribunal confirmara el fallo de primera instancia emitido en noviembre de 2022, aunque con una reducción de la pena inicial que era de 14 años y seis meses.
“La justicia habló”: Iván Duque
El expresidente Iván Duque se pronunció en su cuenta de X sobre la decisión del tribunal, señalando que representa un triunfo del aparato institucional del país. “La condena a los miembros de la mal llamada ‘primera línea’ es un triunfo de la institucionalidad. Quedó claro que su verdadera intención fue un plan deliberado para sembrar el caos, incendiar al país y deslegitimar los logros de nuestro gobierno. La justicia habló”, escribió el exmandatario.
La Primera Línea fue uno de los símbolos más visibles y controversiales del llamado “estallido social” de 2021, durante el cual miles de jóvenes, principalmente de sectores populares, protagonizaron bloqueos, enfrentamientos con la fuerza pública y acciones colectivas en respuesta a reformas gubernamentales y a denuncias de abuso policial.
Para el gobierno Duque, sin embargo, algunos de estos grupos fueron instrumentalizados para ejecutar actos violentos organizados, por fuera de los márgenes del derecho a la protesta pacífica.
Del estallido social a la condena judicial
La decisión judicial recayó sobre Sergio Andrés Pastor González, conocido con el alias de 19, señalado como uno de los líderes más visibles de la Primera Línea en el suroccidente de la capital. Junto a él también fueron condenados Marcela Ivone Rodríguez Parra, Johann Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez, todos vinculados a hechos ocurridos durante las jornadas de protesta entre mayo y junio de 2021.
De acuerdo con el fallo, los ahora condenados participaron en acciones como bloqueos ilegales, retenciones y agresiones físicas contra miembros de la fuerza pública, además de actos que fueron calificados como tortura.
Uno de los casos más graves fue el de un hombre que, según estableció el Tribunal, fue atado de pies y manos a un poste de luz y sometido durante dos horas a golpes, punciones con armas blancas, amenazas con gasolina e intimidación psicológica, bajo la sospecha de ser policía encubierto.
La defensa de los acusados había solicitado la nulidad del proceso por presunta “falta de delimitación de los hechos jurídicamente relevantes” en torno al delito de tortura. También pidieron excluir algunas pruebas recolectadas durante la investigación. Sin embargo, el tribunal rechazó todas las solicitudes y concluyó que existía evidencia suficiente que demostraba la responsabilidad de los implicados en actos coordinados de violencia.
Para los magistrados, los hechos juzgados demostraron que los condenados actuaron con pleno conocimiento de que sus acciones iban más allá del ejercicio legítimo de la protesta y se convirtieron en delitos tipificados penalmente. “Las acciones de tortura son hechos claros que demuestran que los integrantes del grupo se alejaron de los principios de la manifestación que están protegidos por la Constitución”, expresó la Sala Penal.
Alias 19 reaccionó a la condena
Durante la audiencia de notificación del nuevo fallo, alias 19 tomó la palabra para rechazar la decisión del Tribunal. “Me parece absurdo todo lo que está pasando acá, la verdad”, dijo, visiblemente molesto por la condena ratificada. No obstante, la diligencia continuó su curso hasta finalizar con la lectura completa del fallo.
La condena contra estos cuatro miembros de la Primera Línea se suma a otros procesos judiciales en curso contra líderes y participantes del estallido social. Mientras sectores políticos y sociales denuncian una supuesta criminalización de la protesta, desde el ámbito institucional se insiste en la necesidad de distinguir entre la manifestación pacífica, amparada por la Constitución, y los actos de violencia que, como en este caso, fueron sancionados con penas privativas de la libertad.
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