La denuncia presentada contra el presidente Gustavo Petro por el concejal de Medellín Alejandro De Bedout sigue su curso en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
El proceso, que cuestiona la legalidad de un evento organizado en Medellín bajo el nombre de “Un pacto por la paz urbana”, ya fue admitido y repartido formalmente por la corporación legislativa.
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Así lo informó el propio concejal a través de su cuenta en la red social X: “Avanza la denuncia que presenté contra el presidente Gustavo Petro. He sido notificado que la denuncia que presentamos contra el presidente Gustavo Petro por participación indebida en política, uso de recursos públicos con fines proselitistas y hostigamiento a las autoridades locales de Medellín ya fue aceptada y repartida formalmente por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”.
El documento oficial emitido por la Secretaría de la Comisión confirma que la denuncia quedó registrada bajo el expediente 6992 y que fue asignada mediante Resolución No. 456 del 26 de junio de 2025. Los representantes Carlos Cuenca Chaux, Wilmer Carrillo Mendoza y Wadith Manzur Imbett actuarán como investigadores, siendo Cuenca el coordinador del grupo.
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El caso tiene como origen el acto público celebrado el 21 de junio en la plazoleta de La Alpujarra, en Medellín, donde el presidente encabezó un encuentro con miembros de estructuras armadas ilegales. A este evento asistieron también funcionarios del Gobierno nacional y personas condenadas por delitos graves, incluyendo privados de la libertad trasladados desde el penal de Itagüí.
La denuncia fue radicada por De Bedout el 22 de junio, al día siguiente del evento. Entre los hechos que sustentan su denuncia, el concejal señala una posible participación indebida en política por parte del mandatario, argumentando que: “Su visibilidad en un evento de naturaleza institucional, financiado con recursos públicos, configura un hecho de clara connotación proselitista”.
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Además, resaltó la presencia en tarima del exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero, así como las alusiones del presidente Petro al alcalde actual, Federico Gutiérrez, relacionadas con un proceso judicial que involucraría a Quintero.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es el uso de símbolos, banderas y emblemas del movimiento político “Independientes”, el cual no cuenta con personería jurídica vigente, lo que para el denunciante refuerza el carácter político y propagandístico del acto.
Peticiones a entidades y solicitud de concepto al CNE
El concejal incluyó varias solicitudes dentro de su denuncia, dirigidas a diferentes entidades del Estado, con el fin de esclarecer los detalles logísticos y administrativos del evento. Entre ellas, pidió que el Departamento Administrativo de la Presidencia, los ministerios del Interior y de Justicia, y el Inpec entreguen documentación relacionada con la planeación, financiación y ejecución del acto público.
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También solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) emitir un concepto jurídico sobre la legalidad del uso de distintivos del movimiento “Independientes” en un evento gubernamental sufragado con recursos estatales, teniendo en cuenta que dicha colectividad carece de personería jurídica.
La denuncia también argumenta que se pudo haber vulnerado el artículo 108 de la Constitución Política, el cual establece los principios que rigen la propaganda electoral y la participación de movimientos sin reconocimiento jurídico en actividades oficiales.
Llamado al respeto institucional y garantías en la investigación
Al cierre de su pronunciamiento, el concejal De Bedout enfatizó la importancia de que el proceso avance con transparencia y en apego a la legalidad: “Confiamos en que esta investigación se desarrolle con todas las garantías, de cara al país, respetando el debido proceso y la Constitución. Nadie puede usar el poder para favorecer campañas, acosar opositores o desfigurar las instituciones”.
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Y concluyó con un mensaje directo a los legisladores encargados del proceso: “El poder no puede ser usado como arma política. Esperamos que los investigadores estén a la altura. La ley es para todos, incluso para quien hoy habita la Casa de Nariño”.
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