La Superservicios alista sanciones, empresas de gas están en la mira por desvío de suministro importado

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) adelanta una investigación que podría implicar sanciones para once empresas del sector gasífero en Colombia, además de Alcanos y Vanti, por presuntas irregularidades en el destino del gas importado que adquirieron para abastecer la demanda esencial del país. Según la entidad, las compañías habrían desviado parte de ese suministro a clientes industriales, incumpliendo con la obligación de priorizar hogares y pequeños comercios.

Desde 2016, Colombia importó gas natural a través de la regasificadora de Cartagena (Spec), con el objetivo inicial de abastecer a las generadoras térmicas. Sin embargo, desde 2020, los análisis del Ministerio de Minas y Energía anticipaban un panorama de escasez para 2025, lo que llevó a la Superservicios a examinar con más rigurosidad los contratos y la ejecución del esquema de comercialización de este recurso importado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El organismo indicó que, en particular, se está evaluando si las empresas beneficiadas con la posibilidad de importar gas cumplieron con las condiciones de priorizar la disponibilidad y el precio para los sectores regulados, es decir, los usuarios residenciales y comerciales. Según la distribución oficial, la demanda no regulada, que incluye a las grandes industrias, representa aproximadamente el 55% del consumo nacional de gas. El restante 45% corresponde a los usuarios regulados, quienes dependen en un 15% a 19% del gas importado.

Uno de los casos que más evidencia aporta es el de Alcanos, compañía que empezó a importar gas desde diciembre de 2024. Durante el primer semestre de 2025, la Superintendencia de Servicios identificó que el volumen adquirido por esta empresa superaba ampliamente la demanda histórica que había reportado, tanto en el segmento residencial como en el industrial.

En palabras de la entidad: “El nivel de contratación que ellos tenían para los diferentes sectores tenía unos niveles superiores a la demanda histórica… y esa importación dirigida al sector residencial y a pequeños comerciantes no estaba justificada e implicaba unas ineficiencias en la gestión”.

De acuerdo con la información oficial, Alcanos importó cerca de 7 millones de pies cúbicos por día (MMpcd), cuando su demanda real en sectores como el industrial y el Gnvc (gas natural vehicular) ronda los 3 o 4 MMpcd. Esto sugiere que parte de ese volumen se habría destinado a cubrir la demanda del segmento no regulado, lo que implicaría una carga tarifaria injustificada sobre los hogares.

En consecuencia, Alcanos ya dio inicio al proceso de devolución de los saldos que, según determinó la Superintendencia de Servicios Públicos, fueron cobrados de forma adicional e injustificada a los usuarios residenciales y comerciales que debieron recibir el gas importado.

Este reembolso busca corregir el impacto económico que sufrieron miles de hogares y pequeños establecimientos, quienes asumieron tarifas más altas debido a decisiones empresariales que, de acuerdo con los hallazgos preliminares, no respetaron el esquema de priorización de la demanda esencial. La devolución de los recursos se está realizando de manera gradual y bajo supervisión, para asegurar que los valores retornados correspondan a lo cobrado en exceso.

La investigación ahora se amplía a otras once empresas que también participaron en la compra de gas importado. La superintendencia estudia si en esos casos también se incurrió en el mismo patrón, vender gas costoso, destinado a hogares y pequeños comercios, al sector industrial o vehicular, transfiriendo los sobrecostos a los usuarios más vulnerables. De comprobarse esa conducta, se podrían ordenar devoluciones, sanciones y ajustes tarifarios.

El proceso cobra relevancia si se tiene en cuenta el contexto actual de presión sobre los precios del gas, marcado por una menor producción nacional y una mayor dependencia del recurso importado. El Estado, a través de sus entidades de vigilancia, intenta garantizar que los hogares no paguen más por decisiones empresariales que priorizan otros intereses.