El informe de la Coalición contra la vinculación de niñas, niños y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico), elaborado tras examinar los delitos cometidos contra menores en el primer semestre de 2025, revela un alarmante incremento en el reclutamiento infantil por parte de grupos armados en Colombia.
Según los datos, menores desde los 10 y 11 años están siendo captados; los niños son enviados al conflicto e incluso obligados a instalar minas antipersonales, mientras que las niñas son víctimas de explotación sexual.
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Hilda Molano, integrante de la coalición, señaló que “las niñas pueden ser víctimas de utilización emocional, lo que hemos conocido como manipulación emocional, que lo manifestaba la comisión de la verdad en su informe, no es un mal menor”. Además, advirtió además que esa manipulación puede servir para atraer a otros menores: “En medio de esa utilización emocional pueden generarse otros nuevos reclutamientos, para seducir, para convencer, para persuadir a otros niños”.
La organización enfatiza que las niñas, muchas veces de muy corta edad, son buscadas por estos grupos bajo la lógica de “entre más chiquitas, mejor”, dentro de una estrategia de explotación sexual.
De los 60 niños reclutados entre enero y mayo de 2025, 27 casos corresponden al departamento de Norte de Santander, que agrupa el 45% de los casos reportados a nivel nacional, según Coalico.
Defensoría del Pueblo alertó por aumento en el reclutamiento infantil
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta sobre el aumento del reclutamiento infantil en Colombia durante los primeros cinco meses de 2025.
Veintiocho casos de menores forzados a integrarse a grupos armados se han registrado entre enero y mayo, lo que representa un incremento de siete casos en apenas un mes. Este repunte, superior al 33 % entre abril y mayo, evidencia la persistencia de una problemática que afecta de manera desproporcionada a comunidades vulnerables.
El análisis de la entidad revela que la mayoría de las víctimas son niñas y niños afrocolombianos, obligados a sumarse a organizaciones armadas como el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.
El desglose mensual muestra siete casos en enero, ocho en febrero, siete en marzo, cinco en abril y, en mayo, un solo reporte que involucró a tres menores afrodescendientes. Este último episodio subraya la concentración del fenómeno en zonas donde el conflicto armado y la exclusión social se entrelazan, dejando a los menores expuestos a dinámicas de violencia y control territorial.
La Procuraduría General de la Nación ha solicitado al Gobierno la adopción de medidas urgentes para proteger a la infancia frente a estas prácticas, que constituyen una violación directa de los derechos fundamentales y del Derecho Internacional Humanitario. La Defensoría, en un pronunciamiento enfático, advirtió que el reclutamiento forzado no solo vulnera el desarrollo integral de los niños y adolescentes, sino que perpetúa ciclos de violencia en las comunidades. “Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales para que paren estos actos que violan sus derechos y su libre desarrollo”, manifestó la entidad.
El informe también destaca que, además del Estado Mayor Central, otros actores como el ELN, las disidencias de las Farc conocidas y el Clan del Golfo figuran entre los responsables de estos delitos. El reclutamiento forzado coloca a los menores en situaciones de riesgo extremo, privándolos de oportunidades de educación, seguridad y crecimiento personal.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que estas prácticas se concentran en regiones de alta conflictividad, donde la presencia estatal resulta insuficiente y las instituciones muestran debilidades estructurales.
Durante 2024, los registros oficiales contabilizaron 556 casos de reclutamiento forzado de menores, lo que dimensiona la gravedad del fenómeno.
Aunque las cifras de 2025 aún son preliminares, la Defensoría advierte que existe un subregistro significativo, motivado por el temor de las víctimas y sus familias a denunciar, ante el riesgo de represalias por parte de los grupos armados. La estigmatización de los denunciantes contribuye al silencio, dificultando la visibilización y el abordaje integral del problema.
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