Congresista del Pacto Histórico pidió a la vicepresidenta apartarse del cargo tras presunto plan de Álvaro Leyva contra Petro

En una jornada cargada de tensión política, el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, perteneciente al Pacto Histórico, instó públicamente a la vicepresidenta Francia Márquez a dar un paso al costado de su cargo, mientras se esclarece su presunta vinculación con un supuesto plan para remover al presidente Gustavo Petro de su puesto.

Las declaraciones del congresista surgen luego de que se conocieran audios del excanciller Álvaro Leyva, donde se mencionaría un posible complot junto con sectores de la ultraderecha estadounidense.

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El escándalo tomó fuerza tras la publicación del diario El País de España, medio que divulgó grabaciones en las que se alude a una conversación entre Leyva y el congresista norteamericano Mario Díaz-Balart. En este intercambio, se plantearía un escenario en el que Francia Márquez asumiría temporalmente la jefatura del Estado, producto de una supuesta estrategia política destinada a desestabilizar al Ejecutivo colombiano.

Estas revelaciones causaron revuelo no solo dentro del gabinete presidencial sino entre distintas bancadas del Congreso, que han compartido su preocupación por la solidez institucional del país.

La vicepresidenta se pronunció en su cuenta de X, por medio de un comunicado de prensa, frente a las acusaciones, al afirmar que no permitirá que su nombre “sea utilizado para alimentar intereses particulares ni rencillas que no contribuyen a la construcción de un país más justo y equitativo”.

Además, recalcó: “Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del presidente de la República como símbolo de la unidad nacional. Lo he expresado en público y en privado, y no debe caber duda: jamás he traicionado, ni cuestionado la autoridad legítima del primer mandatario de la nación”.

A pesar de esta declaración, el representante Mondragón expresó su inconformidad con lo que él consideró una falta de claridad en la respuesta de la segunda mandataria. En un pronunciamiento dirigido a medios y difundido también en redes sociales, sostuvo que “me parece realmente preocupante el silencio de la vicepresidenta Francia Márquez. Y espero que sus explicaciones sean contundentes, que de no serlo, yo solicitaría que ella se aparte del cargo y que se inicien las investigaciones pertinentes”.

La posición de Mondragón, uno de los legisladores que ha mantenido una postura de defensa activa del Gobierno de Petro, añade presión al interior del movimiento oficialista, particularmente al evidenciar posibles fracturas dentro del mismo.

Aunque Márquez reiteró su lealtad al jefe de Estado, para algunos sectores no fue suficiente la respuesta inicial ante una acusación que, de comprobarse, podría comprometer no solo su futuro político, sino el equilibrio del poder ejecutivo en Colombia.

El congresista fue enfático en señalar que este es un tema que compromete directamente la estabilidad del régimen democrático: “Esto no es solamente un atentado contra el presidente Petro, es un atentado contra la institucionalidad y contra el orden en Colombia. Fuerza Petro”.

Lo que inicialmente pareció un conflicto entre antiguos aliados, como fue el caso de Álvaro Leyva tras su separación del cargo de canciller durante el escándalo por la licitación de pasaportes, se transformó en un asunto de mayor escala, con implicaciones internacionales. Según los audios revelados, el vínculo entre Leyva y Díaz-Balart habría sido instrumental para delinear una eventual sucesión en el poder, en la que Márquez jugaría un papel central.

Por ahora, la atención recae en quienes estarían implicados en la supuesta estrategia para remover del poder al presidente de Colombia, particularmente debido a que Álvaro Leyva había enviado previamente tres misivas contra el mandatario.

En esos documentos, cuestionaba varios comportamientos durante viajes internacionales, aludía a un posible consumo de sustancias psicoactivas y señalaba que la autoridad sobre el jefe de Estado recaía, según él, en Laura Sarabia, actual ministra de Relaciones Exteriores, y en Armando Benedetti, ministro del Interior.