
Un juez de la república dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra ocho presuntos integrantes de la red criminal conocida como Los del Patio, dedicada al tráfico de migrantes desde las fronteras de Venezuela y Ecuador hasta el Golfo de Urabá, en la frontera con Panamá.
Según la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, la estructura criminal se dedicaba a movilizar ciudadanos extranjeros de manera irregular por el territorio colombiano, rutas terrestres que partían desde Cúcuta (Norte de Santander) e Ipiales (Nariño), respectivamente.
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El ente acusatorio reveló que los integrantes de esta organización ilegal contactaba a migrantes en Cúcuta, ofreciéndoles servicios de transporte y alojamiento.
Posteriormente, eran trasladados en buses de turismo hasta un parqueadero del municipio nariñense, donde se reunían con otros ciudadanos provenientes de Chile, Perú y Ecuador, que ingresaban a Colombia por pasos clandestinos cercanos al Puente Internacional de Rumichaca (Frontera entre Colombia y Ecuador).
“En este punto eran concentrados con ciudadanos provenientes de Chile, Perú y Ecuador que cruzaban por pasos clandestinos en inmediaciones del Puente Internacional de Rumichaca, y finalmente los movían de manera clandestina por vía terrestre hasta el Golfo de Urabá, a un área limítrofe con Panamá”, indicó la Fiscalía.
Así mismo, testimonios de víctimas a la entidad acusatoria detallan que, una vez abordaban los buses con destino al Golfo del Urabá, no solo eran víctimas de castigos físicos, sino de intimidaciones con armas de fuego.
“Se recibieron declaraciones de varias víctimas que fueron golpeadas, despojadas de sus pasaportes y amenazadas con armas de fuego porque no pagaban la totalidad del valor exigido por el traslado, que oscilaba entre 150 y 200 dólares, y otras cuotas que les imponían en el camino”, agregó la entidad.

Tras ello, las autoridades desplegaron dos operativos en Medellín y en Ipiales (Nariño) en la que no solo fueron detenidos los ocho presuntos integrantes de la organización delictiva, sino que fueron incautados un arma de fuego, munición, cinco teléfonos móviles, dólares estadounidenses y pesos colombianos en efectivo.
Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que la estructura contaba con recursos logísticos y financieros para sostener sus operaciones a gran escala.
“Los procesados fueron identificados como José Ovidio Vargas Pelay, señalado cabecilla; Leonardo Antonio Paredes Pérez, Danyelo José Islanda Toca, David José Islanda Toca, Edwin Manuel Morelos, Luis Alfredo Rúa Riveros, Carlos Eduardo Esaa Barrios y Maikel Javier Virgüez”, añadieron.

La Fiscalía imputó a los ocho detenidos los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de migrantes y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, cargos que no fueron aceptados por ninguno de los procesados durante las audiencias preliminares.
El proceso judicial continuará mientras los presuntos responsables permanecen privados de la libertad en un centro carcelario, a la espera de nuevas diligencias y del desarrollo de la etapa probatoria.
En ese sentido, la Fiscalía subrayó la importancia de este golpe contra las redes de tráfico de migrantes, que han proliferado en los últimos años debido al aumento de los flujos migratorios en la región andina y centroamericana.

El Golfo de Urabá se ha consolidado como un corredor estratégico para las rutas migratorias irregulares, ya que desde allí los migrantes intentan cruzar la peligrosa selva del tapón del Darién rumbo a Panamá.
La demanda de servicios clandestinos ha propiciado el surgimiento de organizaciones criminales como Los del Patio, que explotan la desesperación de quienes buscan mejores oportunidades fuera de sus países de origen.
La Fiscalía advirtió que el tráfico de migrantes no solo constituye un delito grave, sino que expone a las personas a situaciones de explotación, violencia y riesgo para sus vidas.

Las autoridades continúan investigando para determinar la posible participación de otros individuos y la existencia de conexiones con redes internacionales dedicadas a la misma actividad.
La situación de los migrantes, sometidos a condiciones de vulnerabilidad y riesgo, sigue siendo un desafío para las instituciones encargadas de la seguridad y la protección de los derechos humanos en el país.
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