
Un día después de que el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunciara las fechas tentativas en las que el país depositará la llamada papeleta para convocar a una asamblea constituyente, el partido Centro Democrático respondió de forma contundente.
Según la colectividad, que ha representado a la oposición al Gobierno desde el 2022, aseguró que la iniciativa del jefe de cartera atenta directamente contra la democracia del país, además de acusar al Ejecutivo de modificar las leyes del país a “su antojo”.
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“La propuesta de Eduardo Montealegre (ministro de Justicia) de reformar la Constitución de 1991, al estilo de Castro y Chávez, genera gran preocupación. El presidente Petro, incumpliendo sus promesas, busca una nueva Constitución que se adapte a sus intereses”, señaló la colectividad.
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Además, el Centro Democrático señaló que la actual Carta Magna respeta todos los derechos de los ciudadanos, contrario a lo que podría suceder en caso de aprobarse una reforma a la Constitución Política de Colombia.

“La Constitución actual es garantista. Debemos rechazar esta iniciativa que amenaza con debilitar los derechos fundamentales, la separación de poderes y los derechos de la oposición”, continuó el partido.
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En su comunicado, el partido del expresidente Álvaro Uribe le propuso al presidente Gustavo Petro y a su gabinete pensar en propuestas reales para darle solución a las principales problemáticas de los colombianos, especialmente, en materia de salud y seguridad.
“Los colombianos exigimos soluciones reales: seguridad, protección del sistema de salud, reducción de impuestos, lucha contra la corrupción, oportunidades para los jóvenes y estabilidad política. El socialismo del siglo XXI ha demostrado ser un fracaso, generando pobreza y sufrimiento. No necesitamos una ruptura constitucional, sino un gobierno que priorice las necesidades de los colombianos”, concluyó el Centro Democrático.
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Los reparos de la oposición se dan después de que el Gobierno de Gustavo Petro anunciara el 24 de junio de 2025, a través de su ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, la intención de convocar una asamblea nacional constituyente en Colombia, con el objetivo de reformar la Constitución Política vigente desde el 4 de julio de 1991.
Esta decisión, comunicada a menos de dos semanas del aniversario número 34 de la actual Carta Magna, ha generado un intenso debate en el país, pues responde a una promesa de campaña y revive temores históricos sobre el alcance de las reformas propuestas por el actual Ejecutivo.
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La propuesta fue presentada por Eduardo Montealegre en una declaración previa al Consejo de Ministros, realizado en la Casa de Nariño. El ministro detalló que la consulta popular para decidir sobre la convocatoria a la asamblea constituyente se realizará en marzo de 2026, coincidiendo con las elecciones al Congreso de la República.
“Colombia necesita una nueva Constitución Política que permita muchas transformaciones sociales que no se han logrado con la actual Constitución”. Según el ministro, el país requiere “rediseños institucionales” para avanzar en materia social, profundizar en la igualdad y la solidaridad, y dar un salto social.
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“Se trata de un hecho político, un hecho político a partir del cual crearemos nuevas normas jurídicas para convocar la Asamblea Constituyente dentro del marco de la institucionalidad, sin ningún salto al vacío”, señaló el ministro.
Estas declaraciones buscaban disipar los temores de sectores que ven en la iniciativa un riesgo para la estabilidad institucional, al enfatizar que el proceso se desarrollará dentro de los cauces legales existentes.
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La propuesta de una asamblea constituyente no es nueva en el discurso del presidente Gustavo Petro. El 11 de junio de 2025, durante una visita a Cali (Valle del Cauca), el mandatario insistió en la necesidad de convocar este mecanismo para reformar la Constitución.
En esa ocasión, el anuncio se produjo tras la firma del Decreto 0639 de 2025, mediante el cual el Gobierno buscaba, sin éxito hasta ese momento, realizar una consulta popular. El objetivo inicial de esta consulta era respaldar la reforma laboral, que ya había sido aprobada por el Congreso. La insistencia en la asamblea constituyente, incluso después de la aprobación de la reforma, generó críticas de la oposición, que interpretó la iniciativa como un intento de ampliar el alcance de las reformas más allá de lo estrictamente laboral.
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Durante su intervención en Cali, Petro afirmó: “Lo que siguen son 8 millones de firmas, un trabajo intenso, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás. Y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la asamblea nacional constituyente, se utilizarán porque el único soberano y detentor de poder es el pueblo de Colombia”.
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