Denuncian que el Gobierno habría utilizado buses del Sena y del Inpec para llevar simpatizantes y criminales al evento de Petro en Medellín

En un comunicado, el partido político colombiano Centro Democrático acusó al presidente Gustavo Petro de transformar al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) en una agencia de campaña, tras denunciar que directivos de la institución utilizaron buses oficiales para transportar personas a un evento político en Medellín.

La controversia surgió a raíz de la convocatoria que hizo el primer mandatario para un acto denominado ‘Un pacto por la paz urbana’, programado para la tarde del sábado 21 de junio de 2025 en la plazoleta de La Alpujarra, en la capital de Antioquia. Según la información difundida, la Casa de Nariño citó a simpatizantes a las 2:00 p. m. generando una movilización significativa en la ciudad.

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El Centro Democrático advirtió sobre el “posible uso indebido de buses del Sena para movilizar personas a un acto político del presidente Petro en Medellín”. La denuncia señaló directamente a Emily Elisa Coronado, directora regional del Sena, y al subdirector en Caldas, quienes, según el partido, “habrían incurrido en peculado por destinación oficial diferente, al desviar bienes públicos para fines proselitistas”. Esta acusación implica que recursos estatales, específicamente vehículos oficiales, se habrían utilizado para fines distintos a los institucionales, lo que podría constituir una falta grave en la administración pública.

El evento político se presenta como una iniciativa presidencial para abordar temas de seguridad y convivencia en Medellín. Sin embargo, la oposición sostiene que la organización y logística del acto han estado marcadas por irregularidades. El grupo político enfatizó que “mientras el sistema de salud colapsa, la seguridad ciudadana se deteriora y el déficit fiscal aumenta a pasos agigantados, el gobierno usaría recursos públicos para actos políticos”. Esta declaración pone en tela de juicio las prioridades del Ejecutivo y sugiere que la administración de Gustavo Petro estaría desviando fondos y esfuerzos estatales hacia actividades de carácter proselitista.

En la denuncia, la colectividad también criticó el supuesto uso de incentivos para asegurar la asistencia al evento. “Los recursos del Estado no son para hacer politiquería ni comprar apoyos con promesas de almuerzos y dinero. Esto es un abuso inaceptable”, afirmó el Centro Democrático. Esta acusación apunta a la posible manipulación de recursos públicos para obtener respaldo político, una práctica que, de comprobarse, vulneraría los principios de transparencia y equidad en la gestión gubernamental.

Criminales habrían ingresado al evento con presunta ayuda del Gobierno nacional<b> </b>

La polémica se intensificó con la publicación de reportes en redes sociales, que informaron sobre la presunta participación de grupos criminales en la convocatoria al evento. Según estas denuncias, “los grupos criminales recorrieron barrios como Popular, Santa Cruz, Manrique, Castilla y Aranjuez para pedirles a los ciudadanos asistir al evento que hará el jefe de Estado este sábado en La Alpujarra. Esta información sugiere que la movilización ciudadana no habría sido completamente voluntaria, sino que podría haber estado mediada por presiones externas.

A la información divulgada en plataformas digital se suma la denuncia de la concejal de Medellín por el Centro Democrático Claudia Carrasquilla que en su cuenta de X aseguró que “las estructuras criminales obligaron a la gente en los territorios que controlan a asistir a la concentración de Petro. Y no solo eso: usaron recursos públicos para movilizar bandidos como: “Douglas”, “Lindolfo”, “Pesebre”, “Grande pa”, “Tom”, “El tigre”, “Pocho” y “Naranjo”.

De igual manera, la cabildante publicó videos que muestran a los presuntos criminales escoltados por las autoridades. Además de una foto de un bus del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en las afueras del recinto.

En esta coyuntura, la legisladora hizo duros reclamos al Gobierno nacional exigiendo la documentación y fallos jurídcos para conocer porque los supuestos cabecillas salieron de los centros penitenciarios donde cumplían penas.

“Dónde está la autorización del juez para la salida de cabecillas? ¿Dónde está la respuesta del INPEC? ¿Quién responde por esta vergüenza nacional?”, cuestionó la concejal Carrasquilla.

Y agregó: “Gustavo Petro y su aliada Isabel Zuleta están caminando al lado de los delincuentes. Lo que estamos viendo no es una concentración por la paz, es un encuentro de impunidad y connivencia con el crimen organizado, el mismo que le ha hecho daño a las familias de Medellín durante décadas”.