Petro calificó de “dantesco” el hallazgo de una fosa común en una finca ganadera en Cesar: “Esto es lo que queremos que no regrese”

En el desarrollo de una investigación judicial que busca esclarecer crímenes cometidos contra líderes indígenas en Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigue penalmente a tres personas presuntamente implicadas en la desaparición forzada, tortura y homicidio de líderes espirituales del Pueblo Arhuaco.

Entre los hallazgos recientes, se descubrieron restos humanos en la Hacienda Bethania, ubicada en El Copey, en el departamento de Cesar, lo que ha generado conmoción y reacciones en distintos sectores del país. De acuerdo con declaraciones de la magistrada de la JEP, Ana Caterina Heyck, en entrevista con W Radio, el tribunal pidió que se esclarezca la posible participación de Luis Alberto Restrepo Gutiérrez, Alfonso Macías, José Mattos, Carlos Mattos y Wilson Ramírez en estos hechos.

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Sin embargo, la magistrada señaló que no existe claridad sobre la identidad exacta de algunos de los mencionados, debido a la falta de información precisa sobre sus nombres completos. Según explicó, los testigos y comparecientes en el caso mencionaron repetidamente ciertos nombres, pero sin especificar apellidos completos, lo que ha dificultado la identificación. Por esta razón, la JEP solicitó a la Fiscalía que investigue y determine quiénes son estas personas.

La magistrada también destacó que, al tratarse de terceros civiles y no de integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) ni de la fuerza pública, la JEP no tiene competencia directa para procesarlos. Por ello, se compulsaron copias a la Fiscalía para que esta entidad avance en las investigaciones correspondientes. En este contexto, se solicitó información detallada, como el árbol genealógico de la familia Mattos, para precisar la identidad de los involucrados.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre el caso a través de sus redes sociales, calificando los hallazgos como “dantescos”. En su mensaje, expresó: “Una fosa común en la hacienda de un ganadero. Esto es lo que queremos que no regrese más a Colombia”, en referencia a los crímenes que marcaron los años más oscuros del conflicto armado en el país.

La Hacienda Bethania, donde se encontraron los restos humanos, fue objeto de medidas cautelares dictadas por la JEP para permitir el ingreso de los investigadores, ya que el propietario del predio inicialmente no autorizó las diligencias. La magistrada Heyck detalló que durante las inspecciones se hallaron no solo restos humanos, también agujas quirúrgicas, prendas de vestir y un logo del Gaula del Ejército, lo que llevó a ampliar las investigaciones para determinar el contexto de estos hallazgos.

Este caso está relacionado con crímenes cometidos contra líderes políticos y espirituales del Pueblo Arhuaco, entre ellos Luis Napoleón Torres Arroyo, Ángel María Torres Crespo y Antonio Hugues Chaparro, que fueron víctimas de desaparición forzada, tortura y homicidio. Además, se investiga la tortura de otros miembros de esta comunidad indígena, como José Vicente Villafañe Chaparro y Amado Villafañe Chaparro.

La JEP señaló que estos hechos forman parte de un caso étnico representativo que busca esclarecer las violaciones de derechos humanos sufridas por los pueblos indígenas durante el conflicto armado.

En el marco de esta investigación, la JEP compulsó copias para determinar la presunta responsabilidad de terceros civiles en estos crímenes. Este proceso es parte de los esfuerzos del tribunal por garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del conflicto, en especial a las comunidades indígenas, que han sido históricamente vulneradas.

El descubrimiento de restos humanos en la Hacienda Bethania y los elementos encontrados en el lugar generaron interrogantes sobre la posible conexión de estos hallazgos con los crímenes investigados. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.