El país político reaccionó a la suspensión de efectos del decreto que convoca la consulta popular: “Herramienta de extorsión”

El Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, enfrenta una nueva dificultad en su intención de convocar la consulta popular, compuesta por 12 preguntas relacionadas con el régimen laboral colombiano. Los efectos del Decreto 0639 de 2025, por medio del cual el primer mandatario buscaba poner en marcha el mecanismo de participación ciudadana, quedaron suspendidos provisionalmente por decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

La determinación del alto tribunal corresponde a una medida cautelar que solicitaron el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y otros. El máximo juez de la administración pública argumentó que hace falta contar con el concepto favorable del Senado para convocar la consulta. Así las cosas, los efectos del decreto permanecerán suspendidos, hasta que se emita una sentencia que resuelva la controversia jurídica de fondo.

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“Previo a convocar al pueblo una decisión de trascendencia nacional, se requiere concepto favorable del Senado de la República, el cual, en efecto, en este preciso caso no existe”, precisó.

La decisión del Consejo de Estado derivó en múltiples reacciones en el país político; varias de ellas son de la oposición en el Congreso de la República, que rechaza la convocatoria y que asegura que la expedición del decreto es inconstitucional.

La senadora Angélica Lozano fue una de las legisladoras que se pronunció al respecto, indicando que la determinación tomada por el máximo juez de la administración pública no sorprende. “Pasó lo obvio en un estado social de derecho: Suspendido el decretazo. El presidente @petrogustavo le hizo caso a Montealegre y usurparon funciones exclusivas de la justicia. Más advertido imposible”, escribió la congresista.

Por su parte, el concejal de Bogotá Daniel Briceño calificó el decreto como una estrategia de “extorsión”, puesto que el presidente Petro informó que solo lo retirará si en el Congreso se da vía libre a la reforma laboral original que planteó el Gobierno. “El Consejo de Estado suspende el decretazo de Petro para convocar su consulta popular. El gobierno se acaba de quedar sin su herramienta de extorsión”, aseveró.

Por su parte, el senador Wilson Arias explicó que la suspensión establecida por el Consejo de Estado es provisional y que todavía no se ha tomado una decisión de fondo sobre el decreto. Asimismo, recordó que el Gobierno informó sobre el único escenario en el que derogaría dicho decreto: la aprobación de la reforma laboral, tal y como la planteó inicialmente.

“La suspensión del decreto de la Consulta popular, ES PROVISIONAL; no hay decisión de fondo y es mentira que el decreto sea “ilegal”. Si Senado y Cámara firman la conciliación de la aprobada Reforma laboral, el presidente @petrogustavo derogará el decreto de la consulta. En manos de ellos está”, precisó.

Ante varios medios de comunicación, el senador Carlos Fernando Motoa, que funge como vicepresidente de la Comisión Primera del Senado, aconsejó al Gobierno nacional cambiar de asesores jurídicos, debido a la presunta inconstitucionalidad del decreto en cuestión. Además, instó a respetar la separación de poderes.

Así también lo explicó la precandidata y congresista del Centro Democrático Paloma Valencia, aclarando que, desde su perspectiva, el decreto va en contra de lo estipulado en la Constitución Política. “Nos alegra la defensa del Estado de derecho del Consejo de Estado. El decreto del presidente Petro es ilegal e inconstitucional, y no podrá aplicarse mientras no haya una decisión de fondo por parte del Consejo de Estado”, detalló.

La representante Catherine Juvinao se unió a las reacciones, señalando al presidente Gustavo Petro de amenazar al registrador Nacional, Hernán Penagos, por no hacer los trámites para convocar la consulta y, más bien, solicitar al Consejo de Estado dirimir sobre la controversia jurídica.

“Importante que el presidente @petrogustavo comprenda que amenazar, literalmente amenazar al registrador Penagos con mandarle la Fiscalía por no acatar un decreto ilegal, es propio de tiranías. El presidente debe ser el primero en respetar las instituciones, no en socavarlas”, indicó.

Decisión del Consejo de Estado