La acusación de que los ministros del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, habrían promovido una crisis institucional de alta gravedad, con la firma del Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, se convirtió en el eje de una moción de censura presentada por un total de 26 congresistas de la oposición en la Cámara de Representantes, con la que se buscaría hacer control político a los funcionarios que habrían incurrido, al parecer, en prevaricato por acción.
El documento, conocido en la jornada del lunes 16 de junio, solicita que todos los titulares de cartera que avalaron con su firma el llamado ‘decretazo’ de la consulta popular sean citados a responder ante el Congreso. La moción, según el texto presentado, busca preservar la Constitución, la división de poderes y el orden democrático, al considerar que la actuación de los ministros constituyó una ruptura del orden constitucional.
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De acuerdo con la proposición, los involucrados son responsables tanto política como jurídicamente por haber autorizado lo que los firmantes califican como “un acto ilegal e inconstitucional en contra de la voluntad expresa del Senado y del diseño institucional que rige el país”. La moción se dirige a todos los miembros del gabinete que respaldaron el decreto, el cual representaría una acción coordinada para desconocer la competencia y las decisiones del Senado.
La solicitud, dirigida a la mesa directiva de la plenaria de la Cámara, se fundamenta en el artículo 135 numeral 9 de la Constitución Política y en los artículos 6, 29 y 30 de la Ley 5 de 1992.
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Los firmantes exigen que se cite a moción de censura a:
- Armando Benedetti Villaneda: ministro Del Interior
- Rosa Yolanda Villavicencio Mapy: ministra encargada de Relaciones Exteriores
- Germán Ávila Plazas: ministro de Hacienda
- Augusto Alfonso Ocampo Camacho: ministro encargado de Justicia
- Pedro Arnulfo Sánchez Suárez: ministro de Defensa
- Martha Viviana Carvajalino Villegas: ministra de Agricultura
- Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez: ministro de Salud
- Antonio Eresmid Sanguino Páez: ministro de Trabajo
- José Luciano Sanín Vásquez: ministro de Minas encargado
- Diana Marcela Morales Rojas: ministra de Comercio
- José Daniel Rojas Medellín: ministro de Educación
- Christian David Díaz Bulla: ministro de Ambiente encargado
- Helga María Rivas Ardila: ministra de Vivienda
- Julián Molina Gómez: ministro de Tecnologías de la Información
- María Fernanda Rojas Mantilla: ministra de Transporte
- Yanai Kadamani Fonrodona: ministra de Cultura
- Patricia Duque Cruz: ministra del Deporte
- Ángela Yesenia Olaya Requene: ministra de Ciencia
- Carlos Alfonso Rosero: ministro de Igualdad
Entre los motivos expuestos en el documento, los firmantes enumeran cinco puntos principales:
- Autorizar un acto manifiestamente inconstitucional
- Desconocer la competencia y decisiones del Senado
- Usurpar funciones propias del poder judicial
- Vulnerar principios básicos del Estado Social de Derecho
- Promover una crisis institucional de alta gravedad
El texto enfatizó que “la moción de censura no es solo procedente, es necesaria para preservar la Constitución, la división de poderes y el orden democrático”.
En su recurso, los congresistas argumentan que la firma colectiva del Decreto 0639 constituye “una acción coordinada de ruptura del orden constitucional”, por tanto, cada ministro debe ser citado a moción no solo por haber participado, sino por haber omitido su deber legal de advertir la ilegalidad del acto. Y sostuvieron que el referido documento no solo es procedente, sino necesaria para salvaguardar los principios básicos del Estado Social de Derecho.
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En la lista de firmantes figuran nombres como Juan Espinal, Lina María Garrido, Juan Espinal, Betsy Pérez, John Jairo Berrío, Mauricio, José Jaime Uscátegui, Christian Garcés, Marelen Castillo, Armando Zabaraín, Carolina Arbeláez y Gersel Luis Perez, entre otros. Ellos coinciden en que la moción de censura es necesaria para restablecer el respeto por la legalidad y la institucionalidad en el territorio nacional; ante una amenaza directa al equilibrio de poderes en el país.
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