El 4 de junio de 2025, funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) ingresaron a la celda de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, y descubrieron condiciones de reclusión que distaban considerablemente del régimen ordinario.
Según Semana, el espacio estaba decorado con láminas de PVC y mobiliario moderno, dando la apariencia de una “suite” dentro de una prisión supuestamente de alta seguridad destinada a los reclusos más peligrosos del país.
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Además, el lugar contaba con un televisor de gran formato, sistema de calefacción, minibar surtido, colchón de alta gama, sanitarios tipo europeo y repisas con aceites y vitaminas.
De acuerdo con el medio citado, esta no era la primera vez que se detectaban privilegios a favor de Marín Silva. En 2023, cuando cumplía condena en el centro penitenciario de Picaleña, en Ibagué, ya se habían registrado condiciones irregulares similares. En ese entonces, se anunció su traslado con la promesa de someterlo a un régimen penitenciario ordinario. No obstante, esa medida nunca se implementó de forma efectiva.
Urgencia en el traslado y alerta de fuga
Según informaron la Fiscalía General de la Nación y la Dijín, la inspección de la celda coincidió con la detección de un plan de fuga que estaría siendo financiado por la organización criminal La Inmaculada, liderada por Marín. Las autoridades revelaron que el intento de escape tenía un respaldo económico superior a los 800 millones de pesos, lo que motivó el traslado inmediato del detenido a los calabozos de la Dijín, ubicados en el centro de Bogotá. Esta reubicación responde también a la solicitud de extradición a Estados Unidos, donde el capturado enfrenta cargos por narcotráfico.
El operativo y posterior traslado provocaron disturbios en la ciudad de Tuluá, lo que generó una situación de orden público que obligó a las autoridades regionales a decretar toque de queda en varios sectores del departamento del Valle del Cauca.
Quién es alias Pipe Tuluá
Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias de Pipe Tuluá, es identificado por la Policía Nacional y la Fiscalía como el principal cabecilla de La Inmaculada, una estructura delictiva con fuerte presencia en el suroccidente del país, especialmente en Tuluá. Las investigaciones indican que, incluso desde prisión, Marín coordinaba actividades de narcotráfico, homicidios selectivos, extorsión y desplazamiento forzado.
Además, se le atribuye responsabilidad intelectual en amenazas contra directivos del Inpec y en el asesinato de varios funcionarios penitenciarios. Aunque cumplía condena en Colombia, reportes de inteligencia señalan que mantenía comunicación y control sobre su red criminal desde su celda. Esto habría sido posible gracias a una estructura de corrupción interna mediante la cual, según las autoridades, Marín habría logrado mantener privilegios tanto en la cárcel de Picaleña como en La Picota, en Bogotá.
Actualmente, se encuentra bajo custodia de la Dijín a la espera de su extradición a los Estados Unidos, donde enfrentará cargos relacionados con el tráfico internacional de estupefacientes.
Acciones en curso e investigaciones
El Inpec abrió una investigación interna para determinar cómo ingresaron los artículos de lujo a la celda del cabecilla y que autorizaron o facilitaron su permanencia. El Ministerio de Justicia advirtió que tanto funcionarios internos como externos que resulten involucrados enfrentarán procesos disciplinarios y penales.
Por ahora, Marín permanecerá bajo estrictas medidas de seguridad en los calabozos de la Dijín hasta que se concrete su entrega a las autoridades judiciales estadounidenses, prevista mediante un operativo especial que incluiría el traslado en un avión federal.
El caso generó un nuevo debate en torno a la fragilidad del sistema penitenciario colombiano ante el poder de los grandes criminales, quienes, pese a estar recluidos, continúan ejerciendo control sobre sus estructuras delictivas. La revelación de esta “celda cinco estrellas” ha reavivado las críticas sobre la persistencia de la corrupción carcelaria y la urgencia de una reforma estructural en el sistema penitenciario nacional.
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