Musa Besaile aceptó cargos por hacer parte de la red de corrupción vinculada al asesinato de Jairo Zapa, exdirector de Regalías de Córdoba

El exsenador Musa Besaile Fayad aceptó los cargos imputados en su contra por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, dentro de un proceso judicial por corrupción en el manejo de los recursos de regalías del departamento de Córdoba.

Este nuevo capítulo judicial que involucra al excongresista está relacionado con el desvío de dineros destinados a proyectos de ciencia y tecnología durante la administración del entonces gobernador Alejandro Lyons (2012-2015).

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Besaile fue acusado formalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Según el expediente, el exsenador habría integrado una red criminal dedicada al direccionamiento irregular de contratos financiados con recursos de regalías, en asocio con funcionarios de la Gobernación de Córdoba y particulares.

Sobre la red de corrupción para desviar recursos públicos

Las investigaciones adelantadas por los entes de control señalan que durante el gobierno de Lyons se adjudicaron varios convenios financiados con dineros de regalías a cambio del pago de sobornos. Los recursos, que tenían como objetivo impulsar el desarrollo regional mediante proyectos de ciencia, tecnología e innovación, fueron desviados, afectando gravemente el patrimonio público del departamento.

La Fiscalía ha sostenido que Musa Besaile habría solicitado coimas equivalentes al 12% del valor de cada convenio para garantizar la entrega de los contratos. Estos convenios, adjudicados en condiciones irregulares, en su mayoría no fueron ejecutados o presentaron serias deficiencias en su implementación.

Este caso de corrupción se suma al prontuario judicial que rodea al exsenador Besaile. En julio de 2024, el excongresista fue condenado a seis años de prisión tras aceptar su responsabilidad en el denominado “Cartel de la toga”, un escándalo de corrupción que salpicó a altos funcionarios de la justicia colombiana.

El crimen de Jairo Zapa, un hecho aún sin esclarecer

Uno de los episodios más oscuros vinculados al escándalo de las regalías en Córdoba es el asesinato de Jairo Zapa Pérez, que se desempeñaba como director de Regalías del departamento al momento de su desaparición en 2014. El cuerpo de Zapa fue hallado sin vida el 4 de agosto de ese año, en una fosa cercana a una finca del entonces gobernador Lyons, tras permanecer desaparecido por más de cuatro meses.

Aunque las autoridades en un primer momento atribuyeron el crimen a un motivo personal, tras la confesión de un exparamilitar desmovilizado, Joice Hernández, posteriormente el propio Hernández aseguró que había cometido el homicidio por órdenes de Jesús Henao Sarmiento. Este último, un excontratista de la Gobernación de Córdoba, fue condenado en 2024 a 40 años de prisión como responsable del asesinato de Zapa Pérez.

La Fiscalía sostiene que la muerte de Zapa estaría directamente relacionada con las irregularidades en los contratos de regalías. Algunos de esos contratos son los que hoy tienen ante los tribunales a figuras políticas y exfuncionarios de Córdoba, entre ellos Musa Besaile.

Otros implicados

En el marco de la investigación, la Fiscalía ha tomado declaraciones a varios personajes clave, como el exgobernador Alejandro Lyons y la exrectora de la Universidad del Sinú, Mara Bechara. Esta última fue imputada en 2017 por cuatro delitos relacionados con presuntas irregularidades en convenios suscritos entre la universidad y la Gobernación de Córdoba, convenios que fueron financiados con recursos de regalías y que, según las autoridades, no se ejecutaron en su totalidad.

Aunque Bechara no ha sido vinculada directamente con el asesinato de Zapa, las autoridades han señalado similitudes entre los contratos por los que fue imputada y los hechos que rodearon el crimen. Estas coincidencias refuerzan la hipótesis de que detrás del homicidio existió un móvil relacionado con el desfalco a los dineros públicos destinados al desarrollo del departamento.