El caso del menor de 15 años implicado en el atentado contra el senador Miguel Uribe reavivó la discusión sobre la pertinencia de modificar el tratamiento judicial para adolescentes que cometen delitos de alto impacto.
En un debate en el programa W Sin Carreta de la emisora colombiana W Radio, los abogados penalistas Santiago Trespalacios y Miguel González presentaron puntos de vista opuestos en torno a la necesidad de endurecer las penas para menores de edad en Colombia.
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El ataque, ocurrido el sábado 7 de junio, dejó al legislador herido y culminó con la aprehensión del presunto agresor.
Tras su captura, desde el ente acusador se indicó que el joven podría enfrentar hasta ocho años de reclusión en un centro especializado para menores.
Este pronunciamiento fue el detonante del debate jurídico y social sobre si las sanciones actuales son suficientes para responder a conductas de esta magnitud.
Durante el diálogo, Santiago Trespalacios argumentó que incrementar las penas no resolvería el problema de fondo.
Según explicó, “son el eslabón más débil en la cadena delincuencial. Ese joven fue enviado a un plan suicida, fue enviado a morir, una persona a sus 15 años no tiene capacidad de comprender a plenitud el acto que realiza. Una cosa es la capacidad para conocer el acto y otra para comprenderlo”.
El penalista sostuvo que, más allá de la acción específica, se debe considerar el entorno estructural que empuja a menores hacia estos escenarios. Añadió que “los menores también son víctimas de los grupos delincuenciales, primero fue víctima de la exclusión social, ahora de las bandas criminales y puede serlo también del poder político del estado. Es inapropiada cualquier política de endurecimiento de penas a los adolescentes”.
Desde su perspectiva, el abordaje penal debe ir acompañado de estrategias que incluyan aspectos sociales y educativos. Sostuvo que la intervención del Estado no puede limitarse al castigo, ya que los adolescentes, por su edad y contexto, están más expuestos a ser instrumentalizados por organizaciones ilegales.
Por otro lado, Miguel González ofreció una lectura contraria. Considera que los adolescentes mayores de 14 años sí tienen plena conciencia de sus actos y deben ser responsabilizados en proporción a los delitos cometidos.
En sus palabras, “los menores tienen pleno conocimiento y absoluta plenitud para los actos que desarrollan, ellos saben cuáles son las consecuencias y con base a eso deben tomarse las represalias. Los mayores de 14 años deben responder plenamente y tener sanciones tan fuertes como las que ya tenemos, vimos la frialdad con la que alzó las manos y disparó”.
González planteó que, frente a casos de alta violencia, se hace necesario replantear el sistema de justicia juvenil y abrir la puerta a posibles reformas. Para él, el accionar del menor en este caso pone sobre la mesa la urgencia de revisar la proporcionalidad de las penas: “hay que pensar en una reforma. No tiene que ser inmediata, pero sí debe estudiarse (…) Esa fortaleza con la que actuó resulta determinante para revisar las penas, actuó con violencia y así mismo debe reaccionar el estado”.
En la parte final del intercambio, Trespalacios retomó su posición para aclarar que la estrategia legal utilizada por la defensa del menor busca algo más que reducir una condena.
Según explicó, “él se declaró inocente porque si acepta cargos no obtiene ningún beneficio, esto es lo mejor que pudo ocurrir para llegar a un principio de oportunidad, con esto se puede lograr desmantelar la organización delincuencial”.
Este planteamiento sugiere que, desde el enfoque jurídico, la declaración del joven también podría ser clave en investigaciones más amplias contra estructuras criminales que reclutan menores para ejecutar acciones violentas. La mención del principio de oportunidad se relaciona con mecanismos legales que permiten beneficios a cambio de colaboración eficaz con la justicia.
El caso ha generado repercusiones en distintos sectores. Por un lado, se encuentra la mirada centrada en los derechos del menor y su situación de vulnerabilidad. Por otro, están quienes consideran que, ante delitos con consecuencias graves, debe aplicarse una respuesta más severa, sin importar la edad del responsable.
El debate continúa abierto, mientras se avanza en el proceso judicial del adolescente involucrado. Las declaraciones de los penalistas reflejan una discusión estructural sobre el enfoque del sistema penal juvenil en Colombia, su capacidad de prevención, rehabilitación y respuesta frente a la violencia urbana.
La discusión también llega en momentos donde la seguridad pública y el reclutamiento de menores por parte de organizaciones ilegales se mantienen como temas de alta prioridad para las instituciones y la ciudadanía.
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