La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular la elección del abogado Héctor Alfonso Carvajal Londoño como magistrado de la Corte Constitucional.
La acción judicial sostiene que su designación, realizada por el Senado de la República el 20 de mayo con 66 votos, vulneraría principios constitucionales como la eficacia en el servicio público y el equilibrio de género en el alto tribunal.
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Durante su presentación ante el Senado, afirmó: “mi experiencia para la Corte es de la mayor trascendencia, he sido un luchador incansable en mi trayectoria profesional, en el ejercicio de la abogacía, contando con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Libre de Colombia, con una maestría de la Universidad Militar también en Derecho Administrativo”.
En la votación del Senado, sus competidoras fueron Karena Caselles Hernández, que obtuvo 26 votos, y Dídima Rico Chavarro, con 2 votos.
Según el demandante, Carvajal, de 66 años, estaría próximo a alcanzar la edad de retiro forzoso establecida por la ley para funcionarios públicos —los 70 años— lo cual limitaría su permanencia en el cargo a solo cuatro años. Este hecho, a juicio del accionante, “afecta el principio de eficacia y continuidad en el servicio”, uno de los pilares del funcionamiento institucional.
Cuestionamientos por equidad de género
Además del argumento etario, la demanda plantea que con la elección de Carvajal no se cumple con el principio de equilibrio de género dentro de la Corte Constitucional. Actualmente, el tribunal está conformado por seis hombres y tres mujeres, por lo que su llegada agrava la desproporción en la representación femenina.
El Consejo de Estado también deberá pronunciarse sobre una solicitud de suspensión provisional de los efectos de la elección mientras se resuelve el fondo del proceso.
Esta medida cautelar, si es aceptada, implicaría que Carvajal no podría ejercer funciones como magistrado, en tanto no se dirima la legalidad de su nombramiento.
Contratos con el Estado y posible impedimento
A la controversia se suma que Carvajal firmó contratos por más de 1.000 millones de pesos durante los dos primeros años del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según el concejal Daniel Briceño, estos acuerdos se realizaron con entidades como Colombia Compra Eficiente, el Fondo Nacional del Ahorro y Colpensiones. Con esta última, los contratos alcanzaron los 496 millones de pesos, incluyendo uno firmado en febrero de este año y aún vigente.
Uno de esos contratos consistía en brindar asesoría jurídica sobre la reforma pensional, lo que plantea una posible inhabilidad para participar en decisiones sobre dicha reforma dentro de la Corte Constitucional. Al respecto, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry indicó a Caracol Radio que “legalmente, se deberá declarar impedido para esta discusión”.
Cabe recordar que Carvajal fue ternado por el presidente Petro, y su cercanía con el actual Gobierno ha suscitado inquietudes sobre un posible giro ideológico dentro de la Corte hacia posturas más progresistas y liberales, en concordancia con la actual administración. Carvajal es el apoderado del jefe de Estado en la investigación que se adelanta en el Consejo Nacional Electoral (CNE) por la presunta violación de topes de financiación en su campaña electoral de 2022. En ese sentido, se ha puesto en duda su independencia.
Pese a los reparos, el jurista fue elegido para ocupar la silla dejada por la magistrada Cristina Pardo. Es especialista y magíster en Derecho Administrativo. Ha trabajado como asesor del Ministerio de Justicia, fiscal delegado ante el Tribunal de Bogotá, conjuez del Consejo de Estado y gerente de la firma Carvajal Londoño Abogados, donde lideró procesos contra decisiones administrativas como destituciones y cobros de prestaciones sociales.
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