El ministro del Interior, Armando Benedetti, salió a desmentir una versión que circulaba en medios y redes: aseguró que “no es cierto que se congele el tema de la consulta. Antes del atentado ya todos los ministros habían firmado eso”.
Su respuesta llega tras un tenso episodio político que siguió al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay el 7 de junio.
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Según Benedetti, el decreto que convoca la consulta popular para avanzar en la reforma laboral fue suscrito por todos los ministros del gabinete semanas atrás, antes del ataque.
“El sábado, antes del atentado, todos los ministros habían firmado el decreto”, explicó, sosteniendo así que no hubo interrupción ni congelación del proceso .
El ministro también agregó que “la única forma que se le quitaría fuerza a ese decreto sería si hubiera un gran acuerdo político dentro del Senado”.
Asimismo, indicó que aún faltaba la firma presidencial para oficializar el documento, aunque el plazo legal para publicarlo vence el próximo 12 de junio.
La promesa presidencial de utilizar un decreto para convocar la consulta surgió después de que el Senado la rechazara por 49 votos contra 47 el pasado 14 de mayo.
El Gobierno ha argumentado que hubo un error de procedimiento, pues el secretario general del Senado no leyó la proposición antes de la votación, lo que vulneraría la Ley Quinta de 1992 y el debido proceso.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro sostuvo que esa votación fue invalidada por irregularidades y que, en ausencia de un pronunciamiento formal del Senado, la ley habilita al Ejecutivo para convocar la consulta por decreto.
Sin embargo, varios sectores de la oposición interpretan la medida como una violación al principio de separación de poderes, y el presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó la maniobra como un “grave atentado contra el Estado de Derecho”.
El debate escaló hasta medios internacionales, donde se discute si esta ruta podría equivaler a un “golpe institucional”.
El calendario avanza mientras expertos legales y académicos advierten que la Corte Constitucional tendrá la última palabra sobre la legalidad del decreto. Su pronunciamiento se espera en medio de renovaciones en esa Corporación, con tres magistrados recientes designados por el Congreso .
Paralelamente, el Gobierno ha declarado que, más allá del decreto, su intención es sumar respaldo parlamentario: busca que el Senado apruebe primero la reforma laboral y, si eso ocurre, el decreto perdería fuerza.
En todo caso, Benedetti confirmó que el anteproyecto ya fue llevado a la Comisión Nacional para coordinar los procesos electorales y de abstención
La discusión ha acaparado titulares no solo por su fondo jurídico, sino por su contexto político. Tras el atentado contra el senador Uribe Turbay, el Gobierno reforzó movilizaciones con las centrales obreras, y Petro mantuvo su viaje a Cali el 11 de junio para explicar la consulta.
Al mismo tiempo, se estableció una comisión de garantías electorales integrada por el Ejecutivo, congresistas opositores y autoridades representantes de la seguridad nacional.
A nivel legal, circulan pronunciamientos: la relatoría de la Corte concluye que no se puede insistir ni convocar la consulta por decreto si el Senado ya la negó, aunque dicha relatoría no es vinculante. El Gobierno rebate señalando que hubo vicio en el proceso del Senado, permitiendo así el camino administrativo.
En paralelo, una tutela le ordenó a Cepeda responder en 48 horas la apelación de la senadora María José Pizarro sobre el debate del Senado; la jueza no pidió repetir la votación ni declaró fraude.
Benedetti aclaró que esa tutela no implica reponer la votación, sino tramitar esa apelación .
Hoy la discusión sigue abierta: el Congreso podría presentar y tramitar de nuevo la consulta; el Gobierno podría traer el decreto al Palacio de Ministros para firma; o la Corte Constitucional podría frenar la iniciativa si la considera inconstitucional.
Lo que es cierto es que la figura del decreto para realizar la consulta se ha convertido en un elemento central del debate institucional.
Una señal de que si no hay alternativa legislativa clara, el Ejecutivo utilizará la vía administrativa para convocar la ciudadanía.
El ministro Benedetti concluyó asegurando que la firma estatal está lista, los ministros ya la respaldaron, y se confía en el marco legal para activar la consulta, pero al mismo tiempo no descarta que el Senado retome el debate y dé su aval.
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