Los gobernadores de Colombia, agrupados en la Federación Nacional de Departamentos, emitieron un llamado urgente al Gobierno nacional para enfrentar el aumento de la violencia en varias regiones del país.
En lo que va de junio, se han registrado más de 30 alteraciones del orden público, según el comunicado difundido el martes 10. Los mandatarios regionales advierten sobre una “amenaza híbrida” que combina insurgencia, crimen organizado y terrorismo, y que está afectando gravemente la seguridad y la estabilidad de los departamentos.
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De acuerdo con la Federación Nacional de Departamentos, los hechos violentos han tenido lugar en zonas como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Chocó, Guaviare, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Entre los incidentes más graves se encuentran enfrentamientos armados, asesinatos, secuestros, ataques con explosivos y confinamientos masivos de civiles. Los gobernadores solicitaron al Gobierno nacional fortalecer las capacidades de la fuerza pública para contener esta escalada de violencia.
El presidente de la Federación y gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, expresó su preocupación al afirmar que Colombia no puede regresar a los “años oscuros” en los que la violencia armada silenciaba la democracia y aterrorizaba a la población. En su declaración, Zuleta Bechara enfatizó que no se debe permitir que la guerra destruya las instituciones democráticas del país.
Es de mencionar que este llamado se produce tras el atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, que fue atacado durante un acto público en Bogotá.
Los hechos de violencia registrados
Entre los eventos documentados por la Federación, se destacan los enfrentamientos entre el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo en varios departamentos. En Bolívar, los combates en el municipio de Santa Rosa del Sur confinaron a la población civil durante tres días.
En Antioquia, 50 personas quedaron atrapadas en la vereda Los Toros debido a enfrentamientos entre grupos armados. En Chocó, un soldado murió en un combate con el frente “Cacique Calarcá” del ELN, mientras que en Atlántico, un ataque en Puerto Colombia dejó tres muertos y nueve heridos.
El 3 de junio, en Nariño, un líder indígena del pueblo Awá y sus dos escoltas fueron asesinados en Ricaurte. Ese mismo día, en Chocó, otro soldado falleció en una operación militar contra el ELN en Tadó. El 4 de junio, en Antioquia, un ataque con un campo minado dejó cinco soldados heridos y causó la muerte de un perro antiexplosivo. En Bolívar, dos jóvenes fueron secuestrados en Morales, presuntamente por miembros del ELN, mientras que en Cauca, un exintegrante de la Defensa Civil fue secuestrado en Sucre.
El 5 de junio, en Norte de Santander, un soldado fue asesinado por un francotirador del ELN en Villa del Rosario, cerca de la frontera con Venezuela. El 6 de junio, en Guaviare, estructuras armadas bajo el mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá Córdoba decretaron un toque de queda, confinando a aproximadamente 10.000 civiles. En Chocó, hombres armados asesinaron a cuatro campesinos en Magüí Payán y colocaron una bandera del ELN antes de huir.
El 10 de junio, Cauca y Valle del Cauca fueron escenario de múltiples ataques. En Corinto, un vehículo explotó en el parque principal, mientras que en El Bordo, un ataque con explosivos causó daños materiales en la Alcaldía Municipal. En Timbiquí, se lanzaron cilindros bomba contra una base de la Armada Nacional.
En otros municipios como Buenos Aires, Caloto y Toribío, se registraron ataques contra estaciones de Policía, dejando varios uniformados muertos y heridos. En el Valle del Cauca, Buenaventura y Jamundí también fueron blanco de ataques con explosivos, mientras que en Cali se desactivaron varios artefactos explosivos y se registraron ataques contra estaciones de Policía, resultando en muertos y heridos.
Los gobernadores insistieron en que la violencia no puede ser normalizada y pidieron acciones contundentes para proteger a la población y preservar las instituciones democráticas. Con base en el comunicado, los recientes hechos de violencia no solo afectan la seguridad de los ciudadanos, también representan un atentado contra la democracia y el Estado de derecho en Colombia.
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