La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió que la situación en Guaviare se encuentra dentro de una alerta temprana que abarca siete departamentos, con más de 10.000 personas afectadas, entre ellas niños y niñas, que han visto vulnerados sus derechos fundamentales.
La crisis se originó tras la imposición de un toque de queda por parte del bloque Amazonas, una disidencia de las Farc liderada por “Iván Mordisco”, desde el sábado 7 de junio, que ha confinado a comunidades rurales y restringido su movilidad y acceso a servicios básicos.
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La medida afecta principalmente a veredas cercanas a la vía Guacamayas, que conecta con el río Inírida, y ha obligado a la población de sectores como El Boquerón, El Resbalón, El Morro y Santa Rosa a permanecer en sus viviendas.
Según explicó Cambio, la orden, emitida por alias Mayimbú prohíbe la circulación de motocicletas, vehículos de carga, transporte público y navegación fluvial, además de impedir que los habitantes presten servicios de transporte o entreguen encargos a personas vinculadas al grupo de Calarcá, otra facción armada en disputa.
Las disidencias justificaron la restricción como parte de una ofensiva contra el grupo de Calarcá. Esta situación ha generado un impacto directo en la vida cotidiana de los habitantes, quienes han visto interrumpidas sus actividades económicas y privadas de acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.
“No tienen acceso a la salud o a la educación y se han perturbado las actividades económicas debido a las directrices de estos grupos armados”, alertó la defensora Marín.
En respuesta a la crisis, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, y el alcalde de San José del Guaviare, Willy Alejandro Rodríguez, sostuvieron una reunión para analizar la emergencia humanitaria. Rodríguez agradeció el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y anunció que solicitará la intervención del Gobierno nacional en el territorio.
Por su parte, Marín anunció la convocatoria de una Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), liderada por el Ministerio del Interior, con el objetivo de reunir a las autoridades nacionales en San José del Guaviare y coordinar acciones urgentes para proteger a la población.
“Quisiéramos realizar esta reunión en San José del Guaviare y allí poder convocar a todas las autoridades del primer orden nacional. Yo me comprometo a participar en esta reunión para tomar medidas urgentes que permitan proteger los derechos de estas personas”, afirmó Marín.
Por su parte, la Cuarta División del Ejército Nacional informó que ha desplegado una estrategia conjunta con la Policía para reforzar la seguridad en el departamento. “Nuestros soldados recorren veredas y vías terciarias para brindar seguridad, proteger a la población y reafirmar el compromiso con quienes habitan en este territorio”, comunicaron las Fuerzas Militares. Además, el Ejército instó a la ciudadanía a reportar cualquier presencia sospechosa de grupos armados, recalcando que “actuar a tiempo salva vidas”.
La restricción impuesta por el bloque Amazonas ha generado un confinamiento forzado que afecta a miles de personas, quienes dependen de la movilidad para acceder a servicios básicos y mantener sus medios de vida. La situación se agrava por la presencia de disputas entre facciones armadas, lo que incrementa el riesgo para la población civil y dificulta la intervención de las autoridades.
La alerta temprana que cubre a San José del Guaviare y otros seis departamentos refleja la gravedad de la crisis humanitaria en la región, donde la presencia de grupos armados ilegales ha deteriorado las condiciones de seguridad y bienestar de las comunidades rurales. Así las cosas, la respuesta institucional buscará articular esfuerzos entre el gobierno local, nacional y las fuerzas de seguridad para restablecer los derechos y la protección de los habitantes afectados por el toque de queda y las restricciones impuestas por las disidencias de las Farc.
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