Pese a los intentos del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, de alcanzar la paz y garantizar el cese de hostilidades por parte de los grupos armados que operan en el país, la violencia sigue aterrorizando a la ciudadanía. El Informe de Situación Humanitaria 2025 de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha) indica que cintos de miles de personas han resultado afectadas por el conflicto armado interno en apenas cuatro meses.
Según los datos revelados en el informe, entre enero y abril de 2025 empeoró la crisis humanitaria generada por el conflicto armado, con más de 953.300 personas afectadas. Esto implica una media diaria de 7.900 ciudadanos impactados directamente por la violencia y más de 238.000 personas afectadas al mes. El balance cuadruplica el número de afectados documentado en el mismo periodo de 2024.
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Por otro lado, durante abril, 12 departamentos presentaron nuevas alertas por desplazamientos masivos, confinamientos y restricciones al tránsito. La situación fue aún más notoria en el Pacífico, en la Orinoquía-Amazonía y en el norte del país.
Aunado a ello, el confinamiento forzado por actores armados se impuso sobre más de 75.000 personas entre enero y abril, cifra que supera en 59% la registrada en el mismo periodo del año anterior. Además, solo en marzo, alrededor de 26.000 habitantes vieron limitado su desplazamiento debido a acciones como toques de queda, paros armados y enfrentamientos, afectando principalmente al sur y al litoral Pacífico.
El cierre del tránsito fluvial en el río Caquetá dejó aisladas a más de 7.300 personas en Putumayo, Amazonas y Caquetá. Mientras tanto, en Córdoba, más de 8.000 personas permanecieron encerradas en sus hogares por temor resultar heridas o ser asesinadas en medio de las acciones armadas de grupos al margen de la ley. Todo esto se traduce en la vulneración de derechos de la población, que ha dejado de acceder a servicios básicos y a la educación, con un impacto especialmente severo en la infancia y en la adolescencia.
En paralelo, se ha observado una escalada de violencia contra la población civil. Las amenazas, desapariciones, tortura y violencia sexual aumentaron en un 112%. Los episodios con artefactos explosivos (minas antipersonal, munición sin explosionar, trampas explosivas y drones) crecieron en un 98%. Cauca y Norte de Santander se mantienen como los departamentos con mayor número de estos incidentes.
La situación humanitaria se agrava todavía más por desastres naturales y brotes epidémicos. En Meta, Putumayo, Caquetá y Amazonas, se registraron lluvias intensas y deslizamientos que afectaron a miles de familias. Por su parte, en La Mojana, cerca de 80.000 personas resultaron afectadas por nuevas inundaciones.
Algunas comunidades afrontan un panorama peor debido al brote de fiebre amarilla y el repunte de dengue en Antioquia, Córdoba y Putumayo. El acceso al sistema de salud en zonas rurales se ha hecho cada vez más difícil por el incremento de los casos que deben ser atendidos por los profesionales de la salud.
Grupos armados más fuertes y con más presencia en el territorio
Los hechos de violencia responden también al fortalecimiento y la expansión de los grupos armados en Colombia, durante la administración del presidente Gustavo Petro. Según un informe de la organización Human Rights Watch (HRW), publicado el jueves 16 de enero de 2025, las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo han ocupado más territorios.
“[Para junio de 2024] el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232; y los grupos ‘disidentes’ de las Farc, en 299. Estas cifras representan un aumento de aproximadamente el 55 por ciento, el 23 por ciento y el 30 por ciento, respectivamente, en comparación con 2022″, se lee en el documento de HRW.
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