Estuvo nueve meses preso por un delito que no cometió: un tatuaje fue clave para demostrar su inocencia

Terminar en un centro penitenciario puede ser interpretado como el mismísimo “infierno en la tierra”, y más en Colombia, donde se ha llegado al 25% de hacinamiento en las cárceles del país según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Además, las carencias económicas y de salud complementan una difícil situación que viven miles de reos a diario.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Precisamente, Rodrigo José Rodríguez Canoles tuvo que vivir ese “infierno” durante nueve meses de su vida por ser acusado de un delito que no cometió.

En plena calle, cerca de su casa en Cartagena (Bolívar), un día de diciembre de 2024 la Policía lo detuvo tras “verificar” su cédula y constatar que pesaba sobre él una orden de captura vigente.

Lo que comenzó como una detención rutinaria terminó por convertirse en una pesadilla judicial, que solo terminó cuando se comprobó que el verdadero responsable tenía —sobre la pierna— un tatuaje que él nunca tuvo.

Según relató Rodrigo en declaraciones recogidas por RCN, “no entendía nada. Me pidieron la cédula, la revisaron y me dijeron que tenía una orden de captura. Ahí empezó todo”.

Desde ese instante, fue trasladado a la cárcel San Sebastián de Ternera, para cumplir una condena por porte ilegal de armas.

El proceso, reportaban los registros judiciales, estaba en firme desde 2020. Indicó que nunca había tenido noticia del proceso ni había sido citado para defenderse.

El verdadero implicado en el caso —una persona que usó su nombre y su número de cédula— había sido capturado en enero de 2020 en Turbaco (Bolívar), portando un arma de fuego.

No hubo verificación con huellas, ni cotejo físico. Fue juzgado en ausencia, siempre bajo el nombre de Rodrigo José Rodríguez Canoles. El error de identidad no fue advertido por las autoridades.

Encerrado en prisión, Rodrigo empezó a notar que había inconsistencias en el expediente. Un detalle en los documentos judiciales terminó siendo decisivo: se mencionaba un tatuaje de pez en la pierna izquierda, una marca ausente en su cuerpo, que se convirtió en su salvavidas.

Esa diferencia permitió que su familia, con apoyo del Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, solicitara nuevas pruebas y revisión del caso.

Francisco León, coordinador del proyecto, explicó al medio citado que las verificaciones corroboraron la versión de Rodrigo: “Las pruebas fueron concluyentes. No coincidían las huellas, ni los rasgos, ni siquiera el tatuaje registrado”.

Gracias al esfuerzo de sus familiares y los investigadores, un análisis morfológico permitió determinar que se trataba de una suplantación.

El 4 de junio de 2025, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Turbaco ordenó la libertad inmediata de Rodrigo. Además, exigió a la Fiscalía investigar quién utilizó su identidad para evadir la justicia, pues el delincuente permanece en libertad con información vital del exreo.

Él resume su experiencia señalando la devastación personal que vivió: “Perdí mi trabajo, mi libertad, mi tiempo con mi hija. Lo que viví fue una tortura mental”.

La Universidad Manuela Beltrán desarrolla el Proyecto Inocencia desde su Facultad de Derecho para identificar y revertir casos de errores judiciales.

La iniciativa recurre a tutelas, acciones de revisión e incidentes por suplantación en casos en que personas resultan privadas de la libertad sin que haya certeza de su identidad o vinculación con los hechos. Desde 2007, ha recibido más de 8.000 solicitudes, con cerca de 3.500 procesos activos y más de 60 casos actualmente en revisión ante la justicia.

El caso de Rodrigo Rodríguez pone en evidencia las fallas sistémicas en los procesos de identificación y deja en claro la urgencia de reforzar los mecanismos que aseguren garantías mínimas de justicia para cualquier ciudadano.