En el desarrollo de la 59 Convención de Asobancaria, la precandidata presidencial Claudia López se pronunció sobre uno de los temas más álgidos de la agenda nacional: el futuro del sistema de salud en Colombia.
Durante el espacio La voz de los presidenciables, la exalcaldesa de Bogotá expuso su propuesta para mejorar el sistema de salud del país, en contraste con la controvertida reforma que impulsa el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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López, que se presentó como una gestora con experiencia en crisis, inició su intervención recordando su gestión durante la pandemia 2020: “Yo tuve que cuidar a 11 millones de colombianos de Bogotá región cuando llegó el COVID-19 en una semana, en tres páginas sin ley ni decreto. Hicimos un acuerdo con las EPS públicas y privadas para cuidar a los colombianos y funcionó,” afirmó.
Para ella, fue “ese sistema que nos salvó la vida hace cinco años el que acaban de destruir”.

Los tres pilares de la propuesta de salud
La precandidata presidencial delineó tres pilares sobre los cuales basaría su estrategia para mejorar el sistema de salud, enfatizando que estas medidas podrían implementarse “sin ley” y “desde el primer día” de su eventual gobierno:
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- Redistribución equitativa de la capacidad de prestación: López abogó por un modelo en el que “el que quiere prestar servicio en Usaquén lo tiene que prestar en Sumapaz”. Esto implica una redistribución de la capacidad de atención, combinando las zonas con mayor infraestructura y acumulación de servicios con aquellas que menos tienen, buscando así garantizar acceso universal y equitativo.
- Contratación del servicio con enfoque en el paciente, no en el negocio: la exalcaldesa criticó la práctica actual en el que “se toma la UPC y se contrata conmigo mismo porque es lo más rentable para mí”, en su lugar, propuso que “el servicio se contrata con el que esté más cerca y pueda prestar el servicio más oportuno para hacer negocios, sino para cuidar a la gente”. Esta medida busca priorizar la cercanía y oportunidad de la atención sobre los intereses económicos de las entidades prestadoras.
- Fortalecimiento de la salud pública y la prevención: con base en su experiencia dirigiendo una EPS pública, López señaló que “si uno ve el costo y la ganancia por servicio, es mejor negocio curar que prevenir”; sin embargo, enfatizó que “lo que necesitan los colombianos es que les prevengan, no solamente que los curen cuando ya es demasiado tarde”. Este pilar se centra en redirigir recursos y esfuerzos hacia la prevención de enfermedades, buscando un impacto más significativo en la salud de la población.

Claudia López concluyó su exposición asegurando que con estos “tres arreglos concretos sin ley se hacen desde el primer día y se restablece el sistema”, proyectando una solución pragmática y de rápida implementación para la crisis actual del sistema de salud.
La reforma a la salud de Petro: un costo millonario según Hacienda
A inicios de mayo de 2025, el Ministerio de Hacienda reveló en el Congreso de la República los detalles del impacto fiscal de la reforma a la salud del Gobierno Petro, una iniciativa que ya cuenta con aprobación en la Cámara de Representantes y actualmente se debate en el Senado.
Según el informe presentado a la Comisión Séptima del Senado, la implementación de este nuevo modelo de salud tendría un costo anual de al menos $100 billones, lo que equivale al 5,7% del Producto Interno Bruto (PIB).
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Lo más preocupante es que esta cifra no sería estática, sino que se proyecta un aumento progresivo, alcanzando los $163.8 billones (7,1% del PIB) para 2034.

Este incremento en el gasto respondería, según el ministerio, al diseño mismo del sistema, que demandará mayores recursos con el paso del tiempo.
El concepto fiscal aprobado por el Ministerio de Hacienda detalló que los fondos para garantizar el funcionamiento del modelo provendrían de diversas fuentes: cotizaciones de los usuarios, contribuciones del Gobierno nacional, el Sistema General de Participaciones (SGP) destinado a la salud, y otras fuentes de financiamiento a nivel territorial.
Adicionalmente, se contemplan dos nuevas fuentes: los ingresos derivados de los impuestos saludables y un aporte del 0,5% del IVA social, que en conjunto generarían aproximadamente $5.2 billones cada año.
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