Exgobernador de Amazonas es acusado formalmente por la Fiscalía por peculado y fraude

La Fiscalía General de la Nación acusó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia a Carlos Arturo Rodríguez Celis, exgobernador de Amazonas, por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y fraude procesal.

El proceso penal involucra presuntas irregularidades durante la gestión del exmandatario entre 2012 y 2015, relacionadas con la presentación y trámite de un proyecto energético en la región.

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De acuerdo con la acusación, Rodríguez habría promovido el proyecto “Desarrollo de soluciones energéticas híbridas para abastecimiento de energía eléctrica en el departamento del Amazonas”, cuyo monto habría superado los $17.000 millones.

La Fiscalía sostuvo que el exgobernador “no contó con un aval de sostenibilidad de una empresa como lo era Enam, encargada de la prestación del servicio de energía eléctrica”, incumpliendo así “las características de pertinencia, viabilidad, sostenibilidad, impacto y articulación con los planes y políticas nacionales”.

La investigación permitió establecer que Rodríguez habría ordenado a sus colaboradores expedir certificaciones que lo vinculaban falsamente con el Plan de Desarrollo Departamental para sustentar la iniciativa.

Estas certificaciones se radicaron antes de presentar el proyecto ante el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Además, la Fiscalía señaló que el exgobernador presentó una certificación de la empresa Eeasa para acreditar la sostenibilidad del proyecto, documento que resultó no ser legítimo.

La compañía no contaba con la concesión del servicio de energía en la región ni con la capacidad técnica para garantizar el éxito del proyecto.

Según el ente acusador, la radicación y celebración de contratos fue innecesaria, debido a las alertas emitidas desde el Ministerio de Minas sobre las deficiencias en el proceso de selección.

Pese a dichas advertencias, el exmandatario continuó con los trámites, lo que habría derivado en “millonarias pérdidas en las finanzas de la Gobernación del Amazonas” y transgredió principios como la pertinencia y viabilidad en la gestión de proyectos públicos.

Rodríguez fue imputado en mayo de 2023 por su presunta participación en irregularidades relacionadas con proyectos de generación alternativa de energía durante su mandato. La reciente acusación suma elementos sobre la falta de respaldo presupuestal y la ausencia del aval técnico de la Empresa de Energía para el Amazonas (Enam) para el proyecto que promovía.

El juicio contra Rodríguez continuará en la Corte Suprema, sala encargada de los procesos contra aforados constitucionales, mientras la Fiscalía busca establecer las responsabilidades en el manejo de los recursos públicos del departamento.

Otro exgobernador de Amazonas también tiene proceso abierto con la justicia

El 2 de abril de 2025, la Procuraduría General de la Nación abrió proceso disciplinario contra el exgobernador del Amazonas, Jesús Galindo Cedeño (2020-2023), y cuatro integrantes de su gabinete por presuntas irregularidades en la aprobación de una conciliación por $354 millones con la Unión Temporal Aseguramiento Amazonas.

Según la investigación, la administración departamental avaló el pago sin exigir las garantías necesarias, a pesar de que el proyecto solo mostraba un avance del 52% y presentaba fallas técnicas.

Junto al exgobernador, los pliegos de cargos alcanzan a Marledys Navarro, John Jairo Acuña, María del Pilar Chuña y María Lilia Cardona, quienes integraron el Comité de Conciliación Departamental y aprobaron la operación sin cotejar correctamente los soportes documentales.

La Procuraduría advirtió que esta omisión impidió conocer el verdadero estado financiero del contrato, con potencial impacto negativo en las arcas públicas.

El informe sostuvo que la falta de rigor en la evaluación configuró una falta grave, pues vulneró los principios de eficiencia y responsabilidad en la administración del dinero público.