En baños de centros comerciales y parqueaderos: así fue como César Manrique Soacha habría recibido $3.000 millones en sobornos

La Fiscalía General de la Nación reveló detalles sobre cómo se llevaron a cabo las entregas de sobornos al exdirector del Departamento de la Función Pública, César Manrique Soacha, en medio de un escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Entre enero y marzo de 2024, Manrique Soacha habría recibido un total de $3.000 millones en efectivo, provenientes de contratos direccionados a través de una organización criminal que lideró entre 2023 y 2024. De acuerdo con las investigaciones, el dinero fue gestionado inicialmente por Édgar Riveros, abogado actualmente detenido por intentar desviar las pesquisas.

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Riveros manejó los fondos depositados por la Fundación Yapurutú, beneficiada con contratos millonarios en el departamento de La Guajira. Según la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, entre el 3 de enero y el 5 de marzo de 2024, Yapurutú transfirió $5.060 millones a una cuenta bancaria controlada por Ana María Riveros Barbosa, que retiró $3.000 millones en efectivo siguiendo instrucciones de Édgar Riveros.

El dinero fue transportado desde una sucursal del Banco Davivienda, ubicada en el centro comercial Gran Estación de Bogotá, hasta los baños cercanos a la entidad financiera. Allí, Luis Carlos Barretto Gantiva, subdirector de la Ungrd, recibió los fondos para entregarlos posteriormente a Manrique Soacha.

Según consignó Semana, Barretto verificó la suma antes de transferirla a Jorge Aristizábal Rodríguez, un funcionario cercano a Manrique Soacha en el Departamento de la Función Pública, que se encargó de custodiar y trasladar el dinero al destinatario final.

La Fiscalía detalló que estas operaciones se repitieron en ocho ocasiones, y el dinero fue entregado a Manrique Soacha en diferentes lugares, incluyendo el parqueadero de la sede del Departamento de la Función Pública, en el centro de Bogotá, y su apartamento en el sector de Chapinero Alto, al nororiente de la ciudad. Estas transacciones evidencian el esquema de corrupción que permitió el direccionamiento de contratos a cambio de sobornos.

El ente investigador subrayó la gravedad de los delitos imputados y anunció que solicitará a la jueza 66 de control de garantías de Bogotá una medida restrictiva de libertad contra Manrique Soacha.

Exdirector de Función Pública en Colombia alegó fuero constitucional para evitar cargos

En otro frente, César Manrique Soacha utilizó su “fuero constitucional” como argumento para detener la imputación de cargos en su contra dentro del caso de corrupción que involucra a la Ungrd. Según informó la Fiscalía, la defensa del exfuncionario presentó esta solicitud de último momento durante una audiencia que se extendió por cuatro horas, lo que generó un conflicto de competencias que deberá resolverse próximamente.

El abogado defensor Andrés García Fernández argumentó que la imputación de cargos debía realizarse ante un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, debido a que los hechos investigados ocurrieron mientras Manrique Soacha ocupaba el cargo de director de Función Pública.

Según el jurista, los actos señalados por el ente investigador tuvieron lugar durante el ejercicio de sus funciones, lo que, en su opinión, activa el fuero constitucional del exfuncionario.

Por su parte, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, rechazó de manera contundente los argumentos de la defensa al explicar que los hechos investigados no guardan relación con las funciones que Manrique Soacha desempeñaba como director del Departamento Administrativo para la Función Pública.

Patiño afirmó que las presuntas conductas delictivas fueron ajenas a las responsabilidades inherentes a su cargo y que no se ejecutaron en el desarrollo de sus funciones oficiales. Para respaldar su postura, la fiscal citó el manual de funciones del cargo, en el cual no se contempla la posibilidad de convocar reuniones para desviar contratos o solicitar sobornos a empresarios y contratistas.