El llamado a la unidad entre los aspirantes presidenciales para salvaguardar la democracia y el Estado de derecho en Colombia se convirtió en el eje central de una carta abierta difundida el jueves 5 de junio por el precandidato David Luna, y dirigida a los demás aspirantes al primer cargo de la Nación. Luna, que se ha declarado opositor al mandatario, y del mismo modo independiente a su expartido político, Cambio Radical, dejó por escrito su evidente preocupación ante el escenario adverso.
En efecto, el exsenador que también ha hecho parte del Ejecutivo, pues en el gobierno de Juan Manuel Santos se desempeñó como ministro de las Tecnologías y la Información (Tic), instó a los demás precandidatos a suscribir un acuerdo que reafirme el compromiso con la defensa de la separación de poderes, la Constitución, las instituciones democráticas y la libertad de prensa, en un panorama que amenazaría de forma “real”, según él, la institucionalidad del país.
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En sus consideraciones, Luna señaló que la continuidad del proyecto progresista liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, representa un riesgo para el orden constitucional y enfatizó la necesidad de que los aspirantes a la presidencia unan esfuerzos para enfrentar este desafío. “Ningún interés político puede estar por encima de la ley. Hoy más que nunca, sin importar las diferencias políticas, debemos alzar una sola voz en defensa de nuestras instituciones”, expresó.
La invitación de David Luna para respetar la institucionalidad
En la referida carta abierta, el exsenador de oposición reiteró la importancia de responder de manera conjunta ante los ataques a las instituciones, los intentos de deslegitimar a las otras ramas del poder público y las amenazas que calificó como veladas contra el orden constitucional. A su vez, Luna insistió en que cualquier acto que transgreda el Estado de derecho debe ser denunciado con contundencia por quienes creen en la democracia.
“Suscribo este acuerdo como una declaración firme de que ningún interés personal, partidista o electoral puede estar por encima de la ley”, se leyó en la misiva, en la que etiquetó a por lo menos 18 precandidatos presidenciales más. Todo esto, en respuesta a la intención de Petro de convocar por decreto la consulta popular, luego de desestimar la votación del 14 de mayo del 2025, que consideró ilegal al no haberse cumplido, según él, lo dispuesto en la Ley 5 de 1992.
Los invitados a firmar la carta en la que respetan la independencia de poderes:
- Vicky Dávila
- Sergio Fajardo
- María José Pizarro
- Miguel Uribe
- Claudia López
- Paloma Valencia
- María Fernanda Cabal
- Gustavo Bolívar
- Mauricio Cárdenas
- Mauricio Lizcano
- Juan Manuel Galán
- Carolina Corcho
- Camilo Romero
- Paola Holguín
- Andrés Guerra
- Alejandro Gaviria
- Juan Daniel Oviedo
- Luis Gilberto Murillo
La postura del excongresista se conoció en un momento en el que el debate político se torna álgido de cara a las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026. El exsenador busca que los demás aspirantes a la presidencia se comprometan públicamente a participar bajo las mismas reglas de juego y con la intención de fomentar una especie de “cortafuegos” a actitudes propias de una dictadura, como estaría ocurriendo con Petro y su gabinete.
“Firmamos por Colombia, por la Constitución y por el futuro de nuestra República”, se leyó en el último aparte del documento; que en cierto modo podría sumarse a otros urgentes llamados, como el del expresidente Santos, que en su perfil de X dejó claro dejar las confrontaciones de vieja data, en un claro mensaje al exmandatario Álvaro Uribe Vélez, y lo invitaba a que, con los demás expresidentes, se unieran “para defender nuestra democracia”.
Con esto es claro que Luna, al compartir su carta, reiteró la importancia de la libertad de prensa como pilar de la democracia y enfatizó que la defensa de las instituciones debe estar por encima de cualquier interés particular de los participantes de la contienda. La carta abierta se presenta como un llamado a la acción colectiva y a la vigilancia permanente frente a cualquier intento de socavar el ordenamiento jurídico que impera desde la promulgación de la Constitución, en 1991.
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