
Luis Carlos Reyes, que se desempeñó como exministro de Industria y Comercio y también fue titular de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), encendió las redes en la jornada del miércoles 4 de junio de 2025, luego de publicar en sus redes sociales un mensaje en la que sentó una radical posición frente a lo dispuesto por su exjefe, el presidente Gustavo Petro, que en la alocución presidencial del martes 3 de junio anunció que convocará la consulta popular por decreto.
Con un mensaje en el que dejó en claro su desaprobación a la determinación de Petro, Reyes expresó su desaprobación a través de sus redes sociales, al precisar que tal acción es comparable a la “compra de votos” que la fiscalía ha imputado al exministro de Defensa Ricardo Bonilla: imputado por la Fiscalía General de la Nación, por su presunta responsabilidad en el direccionamiento contratos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Ungrd), a cambio de respaldo de congresistas.
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“Pasar la consulta por decreto se parece a la compra de votos en el Congreso que la fiscalía le imputa a Bonilla. Es romper las reglas por una ‘buena causa’, y justifica que mañana otros las rompan diciendo que hicimos lo mismo”, expresó Reyes, que abandonó su cargo en el ministerio en marzo de 2025, luego de la llegada del titular del Interior, Armando Benedetti, a la cartera, y el desgaste de su relación con el primer mandatario de los colombianos.
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Estas palabras, sin duda, dejarían de manifiesto la indignación de Reyes sobre el precedente que podría establecerse con el uso del decreto para tales fines, pues plantea un escenario en el que romper las reglas podría convertirse en una norma justificada por objetivos supuestamente nobles. “Si nosotros no jugamos limpio, ¿quién lo va a hacer?”, se preguntó Reyes en su análisis, con lo que apuntó hacia las implicaciones éticas y democráticas de esta situación.
Así confirmó Gustavo Petro que convocará la consulta popular vía decreto
En cadena nacional, el jefe de Estado defendió su decisión de convocar al pueblo mediante un decreto, al argumentar que es la única manera de asegurar que la voz del “dueño del poder político en Colombia”, es decir, el pueblo, sea escuchada. Y expuso que su decisión responde a irregularidades percibidas en el Senado, al afirmar que la votación del 14 de mayo, que hundió la proposición con un balance de 49 votos a 47, se adelantó de manera ilegítima.
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“La Corte Constitucional tendrá en sus manos, la otra instancia judicial, si no la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí. Pero, es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño”, explicó el gobernante, que con ello sacudió el espectro político, con reacciones de todo tipo.
En su aparición, el presidente, que propondrá a los colombianos las 12 preguntas iniciales referentes a la reforma laboral que, en contraste, aún sigue viva en el legislativo, sostuvo que lo que ocurrió en la citada plenaria fue una “vagabundería”, según él patrocinada por el presidente de la corporación, Efraín Cepeda, y afirmó que un congresista de la oposición votó favorablemente (Édgar Díaz Contreras, de Cambio Radical), pero luego su voto fue cambiado.
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En ese orden de ideas, el jefe de Estado ha sido enfático en señalar a congresistas y fuerzas políticas que, según él, actúan como si fueran los propietarios de Colombia, negando al pueblo su derecho de expresión directa a través de un voto. “El pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño”, expresó el mandatario, en un intento de legitimar su actuación frente a lo que se considera una clase política decadente.
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