Fiscalía impuso extinción de dominio a vivienda en tradicional sector de Bogotá que era utilizada para la explotación sexual de menores

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre una vivienda ubicada en el norte de Bogotá, señalada de haber sido utilizada para la explotación sexual de menores de edad mediante servicios de webcam.

El inmueble, situado en el barrio Prado Veraniego de la localidad de Suba y avaluado en mil millones de pesos, no podrá ser vendido, transferido ni utilizado en actividades comerciales mientras avanza el proceso de extinción de dominio.

De acuerdo con la información oficial, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía adoptó la decisión tras recopilar pruebas que indican que la vivienda, aunque tenía la apariencia de un hogar familiar, fue adaptada con cámaras, luces, conexiones de internet y escenarios destinados a la grabación de videos de niñas y adolescentes desnudas.

Los registros audiovisuales obtenidos en el lugar eran posteriormente difundidos y compartidos a través de diversas plataformas virtuales de contenido explícito.

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Durante la investigación, las autoridades identificaron el caso de una menor de 13 años que habría sido sometida en vivo a diferentes vejámenes sexuales dentro del inmueble.

Por estos hechos, el arrendatario de la vivienda fue condenado por el delito de estímulo a la prostitución de menores de edad.

La Fiscalía informó que la medida de suspensión del poder dispositivo sobre el bien busca impedir cualquier transacción o actividad comercial relacionada con la propiedad mientras se desarrolla el proceso judicial.

La entidad reiteró que la información se divulga por razones de interés general y en el marco de la lucha contra la explotación sexual de menores y la utilización de inmuebles para la comisión de delitos.

Cayó red de trata de personas en Bogotá

Las autoridades lograron identificar a los responsables de una red de trata de personas en Bogotá tras la denuncia de una de las víctimas y los controles realizados por la Secretaría Distrital de Seguridad y Migración Colombia.

El caso, que involucró la explotación sexual de adolescentes extranjeras en situación de vulnerabilidad, culminó con la captura de tres personas en un operativo conjunto.

La organización criminal operaba desde un bar en el sector de Lourdes, en la localidad de Chapinero, donde menores de entre 15 y 16 años eran captadas, trasladadas y retenidas bajo falsas promesas. La red generaba cerca de 120 millones de pesos mensuales mediante la explotación sexual de adolescentes, principalmente extranjeras.

El operativo, liderado por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría Distrital de Seguridad, se llevó a cabo tras un año de investigaciones que incluyeron la recopilación de testimonios, seguimientos y análisis de pruebas.

Las autoridades ejecutaron el allanamiento tanto en el bar como en un domicilio vinculado a la estructura criminal. Los informes de las autoridades confirmaron que los tres capturados, identificados como alias Mauricio, alias Sergio y alias Ruby, desempeñaban roles clave dentro de la organización.

Alias Mauricio, señalado como líder, se encargaba de trasladar y retener a las menores en el bar, donde eran sometidas a abusos sexuales antes de ser ofrecidas a los clientes. Por su parte, alias Sergio, administrador del establecimiento, gestionaba la falsificación de documentos de identidad para ocultar la verdadera edad de las víctimas y evadir los controles legales.

Alias Ruby tenía la función de atraer a las adolescentes con promesas engañosas y luego entregarlas al líder de la red. Los capturados enfrentan cargos por trata de personas con fines de explotación sexual, secuestro agravado y acceso carnal violento.

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro penitenciario para los implicados, cuyas edades oscilan entre los 41 y 50 años. Además, dos de los capturados ya contaban con antecedentes penales por delitos como inducción a la prostitución, violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, porte y tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.