Las oficinas del Instituto para la Paz de Estados Unidos (Usip) en Bogotá cerraron definitivamente sus puertas el 31 de mayo. El anuncio, sorpresivo incluso para su propio equipo en Colombia, marcó el fin de más de 20 años de presencia directa en el país, justo cuando los desafíos del posconflicto siguen latentes y muchas regiones aún demandan acompañamiento internacional.
En una carta dirigida a socios y aliados, Steve Hage, que hasta entonces lideraba el programa de Usip en Colombia, informó que la decisión fue tomada por las directivas en Washington de manera “súbita”, pese a que la institución había ganado una batalla judicial para evitar su desmantelamiento. “Lamentablemente, queremos informarles que el Instituto de Paz de los Estados Unidos (Usip) ha decidido súbitamente cerrar todos los programas de país alrededor del mundo, incluyendo el programa de Colombia”, escribió Hage. “Tras más de dos décadas de funcionamiento en el país, el pasado 31 de mayo nuestro equipo cesó actividades y nuestras oficinas en Bogotá fueron clausuradas”.
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Aunque no se ofrecieron detalles específicos sobre las razones de fondo, la decisión coincide con los recortes presupuestales del Departamento de Estado y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), entidades que históricamente cofinanciaron varias operaciones del Usip. Para el año fiscal 2023, el Congreso estadounidense había asignado alrededor de 55 millones de dólares a esta institución, que por ley no puede recibir donaciones privadas para sus actividades programáticas.
La institución, creada por el Congreso de Estados Unidos en 1984 como un organismo independiente y no partidista, tenía como mandato prevenir, mitigar y resolver conflictos violentos en todo el mundo. En Colombia, su enfoque se centró durante años en el fortalecimiento del diálogo entre comunidades y autoridades, la capacitación de líderes sociales, el acompañamiento a la Fuerza Pública y la construcción de confianza en zonas afectadas por el conflicto armado.
El cierre ocurre, además, en medio de una compleja coyuntura interna en el propio Usip. Hace apenas dos meses, el organismo fue objeto de un intento de toma por parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental (Doge), liderado por Elon Musk. Un juez federal bloqueó la maniobra al declarar ilegal la ocupación de la sede principal en Washington, permitiendo que el liderazgo legítimo fuera restituido. Sin embargo, esa victoria judicial no impidió que se tomara la drástica decisión de desmontar todos los programas internacionales.
“Desafortunadamente, esta decisión se tomó a pesar de las numerosas voces que subrayaban la importancia del trabajo directo en los países en conflicto para cumplir con el mandato otorgado por el Congreso de los Estados Unidos desde 1984″, agregó Hage en su misiva.
La reacción en Colombia no se hizo esperar. Aunque el instituto evitó emitir declaraciones adicionales, diversas organizaciones sociales y líderes comunitarios expresaron su tristeza por el cierre, valorando el respaldo recibido durante años, especialmente en zonas rurales donde pocas entidades internacionales mantenían una presencia constante.
“Queremos agradecer a todas las personas y organizaciones que nos acompañaron a lo largo de estos 20 años de trabajo decidido por la paz, la democracia y la seguridad de Colombia. Líderes sociales en la ruralidad colombiana, miembros de la Fuerza Pública, organizaciones sociales, centros de investigación, representantes del sector privado, funcionarios públicos, todos aquellos con los que pudimos trabajar y sumar esfuerzos. Mil gracias por su confianza y apoyo. Ha sido un enorme honor y privilegio”, concluyó Hage.
Aunque el Instituto para la Paz podrá continuar operando desde su sede en Washington D.C., el cierre de sus oficinas en Bogotá representa un golpe simbólico para los esfuerzos de consolidación de la paz en Colombia. Aún no está claro si algún otro organismo asumirá parte del trabajo que deja atrás el Usip, ni cómo se reconfigurará la cooperación internacional en este frente.
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