El rechazo hacia el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, por la posibilidad de que decrete la consulta popular –que contiene 12 preguntas relacionadas con la reforma laboral–, no cesa. Expertos, expresidentes, exfuncionarios de entidades electorales y congresistas aseguran que el mandatario no puede convocar el mecanismo de participación ciudadana, porque ya fue rechazado por la plenaria del Senado de la República.
Según el jefe de Estado, el hecho de que cuando se debatió la propuesta en el Congreso no se haya leído una proposición supone una falta de pronunciamiento por parte de los senadores –aunque sí votaron y concluyeron que no es conveniente llevar a cabo la consulta–. Además, denunció un supuesto fraude que pondría en duda la transparencia y legitimidad de los resultados.
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Por eso, afirma estar facultado para convocar la consulta popular por decreto. Sin embargo, su postura sería equivocada, según explicó el director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Hernando Herrera Mercado, en una grabación divulgada por Noticias RCN.
De acuerdo con sus declaraciones, el presidente Gustavo Petro estaría llevando al país a la anarquía, al no tener en cuenta las decisiones tomadas por otras ramas del poder público. Aseguró entonces que sus intenciones de expedir un decreto para consultar a la población pueden ser cuestionadas desde varios frentes.
El primero de ellos tiene que ver, justamente, con el rechazo aparentemente injustificado del resultado de la votación en el Senado. “Pretende desconocer irregularmente una decisión adoptada por el Senado, en la cual se le dijo claramente que no estaba ese órgano de acuerdo con la convocatoria a una consulta popular”, precisó Herrera.
En segundo lugar, explicó que, contrario a lo que afirma el Gobierno, los senadores sí decidieron y se pronunciaron sobre la propuesta, tanto así, que la Sección Quinta del Consejo de Estado ratificó estos hechos, indicando que la votación concluyó con una determinación desfavorable para la administración actual.
Como tercer punto, aseguró que el presidente estaría buscando “intimidar” y “hostigar” a la Corte Constitucional, que tendrá que definir si el decreto para convocar la consulta cumple con la normativa. “Para efectos de, como girándole un cheque en blanco, señalar que le dé la razón en un evento que contraría no solamente nuestra Constitución, sino también nuestra democracia”, aclaró.
La Corporación Excelencia en la Justicia también emitió un comunicado en el que pidió al jefe de Estado respetar competencias del Congreso de la República y de las Altas Cortes. Desde su perspectiva, el mandatario se ha estado valiendo de “interpretaciones amañadas” de la Constitución Política para justificar la puesta en marcha de la consulta, lo que constituye un “abuso del poder presidencial”.
Asimismo, recordó que el jefe de Estado y de Gobierno no funge como juez del Senado y no está facultado para evaluar la forma en la que los congresistas deliberan y toman decisiones. En consecuencia, expedir el decreto para convocar el mecanismo de participación ciudadana sería ilegal.
El Senado negó la consulta popular
Ante la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro decrete la consulta popular, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, notificó al registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, la decisión adoptada por la corporación frente a la propuesta. En el oficio, el funcionario especificó el concepto emitido por el Senado sobre la conveniencia de llevar a cabo este mecanismo de participación.
La decisión se tomó durante la sesión plenaria del 14 de mayo de 2025, cuando los senadores votaron por rechazar la solicitud del Ejecutivo. La iniciativa se hundió tras una votación cerrada: 49 votos por el “no” y 47 por el “sí”, según consta en la certificación expedida por el Secretario General del Senado, Diego González.
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