El Gobierno de Colombia expresó su rechazo sobre las declaraciones de las autoridades de Guatemala que emitieron las órdenes de captura contra el embajador designado ante el Vaticano, Iván Velásquez Gómez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, esta medida se percibe como una “Preocupante instrumentalización de los mecanismos judiciales internacionales, contraria al espíritu de legalidad, cooperación y justicia que debe prevalecer en las relaciones entre Estados.”
De acuerdo con el mensaje compartido por la canciller Laura Sarabia, hay “profunda preocupación” del Ejecutivo colombiano, que rechazó de manera enérgica la decisión de la Fiscalía guatemalteca. El comunicado oficial sostiene que la acción carece de sustento jurídico: “Esta medida no solo representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional, sino que también vulnera derechos humanos fundamentales”.
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Del mismo modo, el Gobierno colombiano considera que la utilización de mecanismos de cooperación judicial internacional requiere una base probatoria sólida y procedimientos transparentes, condiciones que, según la Cancillería, no se cumplen en este caso.
Cabe mencionar que el comunicado se publicó el lunes 2 de junio de 2025, después de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) de Guatemala lograra que la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones emitiera las órdenes de captura contra Iván Velásquez Gómez, que fue jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y actualmente se desempeña como embajador de Colombia en el Vaticano, así como contra Luz Adriana Camargo Garzón, fiscal general de Colombia.
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Los funcionarios colombianos están vinculados a delitos de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, relacionados con el escándalo de Odebrecht.
Ante esta polémica situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reiteró su compromiso con el respeto al derecho internacional, la independencia judicial y la cooperación entre Estados, pero advirtió que estos principios no deben ser tergiversados ni utilizados como herramientas de persecución política o personal ni para justificar decisiones que carecen de legitimidad.
A través de su cuenta de X personal, Laura Sarabia no solo compartió el comunicado, sino que lo acompañó con el siguiente texto: “Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazamos enérgicamente la orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador designado Iván Velásquez y la fiscal general Luz Adriana Camargo. Esta acción, sin sustento jurídico, vulnera los principios fundamentales de la justicia internacional y representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional”, puntualizó.
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La Cancillería colombiana insistió en que la cooperación judicial internacional debe basarse en pruebas sólidas y procedimientos transparentes, y que la ausencia de estos elementos en el caso de Velásquez y Camargo pone en entredicho la legitimidad de la acción judicial emprendida por las autoridades guatemaltecas.
El escándalo de Odebrecht, al que se vincula a los funcionarios colombianos, ha tenido repercusiones en varios países de América Latina, y en este contexto, la decisión de la Fiscalía guatemalteca causó inquietud en el Gobierno de Colombia sobre el uso de los mecanismos judiciales internacionales.
Y es que la administración colombiana considera que la medida adoptada por Guatemala no solo afecta a los funcionarios implicados, sino que sienta un precedente preocupante para la cooperación judicial y diplomática entre Estados. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha reiterado que continuará utilizando los canales oficiales para manifestar formalmente su rechazo y para defender los principios de justicia internacional y respeto al derecho internacional.
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Entre tanto, el Gobierno colombiano espera que la comunidad internacional se pronuncie sobre la situación y respalde la posición de Colombia frente a lo que considera una desviación de los estándares internacionales en materia de justicia.
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