“En Colombia la impunidad es una garantía”: Vicky Dávila contrasta la justicia paraguaya con los expresidentes locales

La periodista y exprecandidata presidencial Vicky Dávila se refirió a la crisis que llevó a la destitución del presidente paraguayo Santiago Peña y comparó ese caso con los procesos que han involucrado a varios exmandatarios colombianos.

La caída de Ueno Bank y la posterior salida de Peña de la Presidencia reflejan una actuación institucional que, a su juicio, contrasta con la falta de consecuencias judiciales para figuras políticas en Colombia.

“El presidente de Paraguay Santiago Peña renunció para evadir las consecuencias por la catástrofe financiera de Ueno Bank que afectó a tres millones de personas en su país. Pero no solo no le aceptaron la renuncia, lo destituyeron y lo detuvieron; todo ocurrió en pocas horas. La justicia operando”, afirmó.

El Senado de Paraguay removió a Peña el 6 de noviembre de 2026, después de la intervención de Ueno Bank, entidad que suspendió temporalmente el acceso a cuentas, tarjetas y transferencias de cerca de tres millones de usuarios. El proceso político incluyó cuestionamientos por los vínculos previos del entonces mandatario con el grupo controlador de la entidad y por decisiones oficiales que, según los legisladores, habrían beneficiado al banco.

Vicky Dávila cuestionó los casos de expresidentes colombianos

En su pronunciamiento, Dávila mencionó al expresidente Ernesto Samper, cuyo gobierno enfrentó el proceso 8.000 por la financiación de su campaña con recursos del Cartel de Cali. También aludió a Juan Manuel Santos, salpicado por las investigaciones del caso Odebrecht, y al actual presidente Gustavo Petro.

“Aquí Ernesto Samper se quedó en el gobierno, tras ser elegido con dineros del Cartel de Cali. Juan Manuel Santos, salpicado por Odebrecht, también se pudo aferrar al poder. Y ni qué decir de Gustavo Petro, hizo y deshizo, y sigue sin responder”, expresó la periodista.

Dávila afirmó que estos casos son parte de un problema recurrente en Colombia. “Menciono estos casos, pero a lo largo de la historia han sido muchos más. En Colombia la impunidad es una garantía y el sistema no funciona con eficacia. Todos ellos se defendieron desde la Presidencia con la seguridad de que nada les iba a pasar. Y así ha sido”, concluyó.

Escándalos de expresidentes colombianos

Los escándalos que han rodeado a varios expresidentes colombianos abarcan desde la financiación ilegal de campañas hasta violaciones a los derechos humanos, interceptaciones ilegales y casos de corrupción vinculados con contratación pública.

El proceso 8.000 marcó el gobierno de Ernesto Samper. La investigación estableció que la campaña presidencial de 1994 recibió aportes del Cartel de Cali. Aunque la Cámara de Representantes precluyó la investigación contra Samper, varios de sus colaboradores fueron condenados y el caso dejó uno de los mayores cuestionamientos sobre la penetración del narcotráfico en la política nacional.

Durante las administraciones de Álvaro Uribe Vélez se conocieron dos de los episodios más graves de las últimas décadas. El primero fue la parapolítica, que reveló alianzas entre dirigentes políticos y grupos paramilitares; decenas de congresistas fueron investigados o condenados. El segundo fue el caso de los falsos positivos, relacionado con asesinatos de civiles que fueron presentados por integrantes de la Fuerza Pública como guerrilleros muertos en combate. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estimó que al menos 6.402 personas pudieron ser víctimas de esa práctica entre 2002 y 2008.

A ese periodo se sumó el escándalo de las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entidad que realizó seguimientos e interceptaciones ilegales contra magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores. El caso derivó en condenas contra antiguos funcionarios y en la desaparición del organismo.

El gobierno de Juan Manuel Santos enfrentó cuestionamientos por el caso Odebrecht, que comprometió contratos de infraestructura y campañas electorales. La Fiscalía mantiene procesos relacionados con presuntos aportes no declarados de la constructora brasileña a la campaña de reelección de 2014.

En noviembre de 2026, el ente acusador imputó a Roberto Prieto, exgerente de esa campaña, por presunto fraude procesal y enriquecimiento ilícito, bajo la hipótesis de que habría ocultado un aporte de USD 1 millón. El proceso debe definir responsabilidades individuales y no constituye una condena contra Santos.

También figuran el escándalo de Agro Ingreso Seguro, ocurrido durante el segundo mandato de Uribe, por la entrega irregular de subsidios estatales a grandes propietarios; y los cuestionamientos a la financiación electoral, la contratación pública y los vínculos entre estructuras criminales y dirigentes políticos que se han repetido en distintos gobiernos.

El patrón común de estos episodios es que las investigaciones suelen prolongarse durante años, mientras que las decisiones judiciales o políticas contra los máximos responsables enfrentan límites institucionales, debates sobre competencia y dificultades probatorias.