
El Ejército Nacional le propinó un contundente golpe al ELN en la noche del lunes festivo 2 de junio, luego de que sostuvieran combates en zona rural del municipio del municipio de Tadó, en el oriente del Chocó, que dejó un soldado y dos guerrilleros muertos.
Durante el operativo, que lideró la Brigada 15, también fueron capturados siete subversivos que formaban parte, al parecer, del frente Cacique Calarcá, informaron en la emisora Caracol Radio.
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En el medio radial señalaron que el militar que perdió la vida fue identificado como el cabo primero Miguel Ángel Martínez Chimbí.
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Se espera que a primeras horas de la mañana desde la institución castrense entreguen todos los detalles del nuevo golpe al ELN.

Chocó es uno de los territorios que históricamente más ha padecido por el conflicto armado en Colombia, situación que se mantiene en la actualidad donde el mencionado grupo armado organizado, así como el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, son los que más azotan a esa zona del Pacífico colombiano.
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Precisamente a inicios de mayo el grupo insurgente impuso un paro armado de tres días en las poblaciones ribereñas del Baudó donde estaban sosteniendo enfrentamientos con la estructura descendiente de las extintas AUC.
“A raíz de las confrontaciones armadas y para evitar afectaciones a la población civil en medio de los operativos militares que se están desarrollando se decreta un paro armado de 72 horas sobre el río Baudó y sus afluentes. Queda prohibido cualquier tipo de movilidad”, ordenaron en un panfleto que circuló por la zona.
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Por esa complicada situación la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (Mapp/OEA) advirtió la semana pasada sobre el impacto directo que esta situación genera tanto en las comunidades locales como en las instituciones estatales.
Los enfrentamientos entre estos grupos, que incluso se producen en pleno día, han fragmentado el mapa del conflicto en la zona, dejando a la población civil expuesta a riesgos crecientes. Además, la misión alertó de una escalada en las amenazas contra los funcionarios públicos, lo que ha obstaculizado la presencia y el accionar del Estado en estos territorios vulnerables.
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En su mensaje, el organismo internacional condenó con firmeza cualquier acto que viole los derechos fundamentales y reafirmó su compromiso con la defensa de la dignidad humana en las regiones más afectadas por la violencia. También incluyó un llamado urgente a las autoridades nacionales y locales para establecer medidas eficaces que brinden condiciones básicas de seguridad tanto a la ciudadanía como a los servidores públicos que laboran en estas zonas.
La Mapp/OEA subrayó que la protección de los funcionarios que trabajan en la construcción de paz y fortalecimiento de la gobernabilidad debe ser una prioridad absoluta. Estas personas, operando en contextos adversos marcados por el conflicto armado y la criminalidad, son clave para lograr estabilidad en las áreas más golpeadas.
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Finalmente, la misión reiteró la necesidad de rechazar de manera categórica cualquier tipo de intimidación contra quienes trabajan desde el sector público. Este respaldo, sumado a acciones concretas de las autoridades, sería un paso crucial para enfrentar la creciente violencia y garantizar derechos básicos en el Chocó.
Se debe recordar que entre los servidores públicos afectados está el director de la Corporación Autónoma Regional del Chocó (Codechocó), Arnold Rincón, quien lleva más de un mes en poder de un grupo armado organizado, que ni siquiera ha sido identificado por las autoridades.
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El alto funcionario departamental se lo llevó un grupo de hombres armados cuando se movilizaba por la vía entre Quibdó e Istmina el pasado 26 de abril.
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