En Colombia se está a un mes de que entre en vigor la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. La misma está basada en un sistema de pilares (semicontributivo, contributio, solidario y de ahorro voluntario). Para el 1 de julio, a menos de que la Corte Constitucional lo evite, ya que admitió varias demandas contra la norma, esta empezará a regir en el país con varias modifcaciones al sistema pensional.
Una de esas modificaciones es que ahora todo trabajador que gane más de 2,3 salarios mínimos ($3.274.050) deben cotizar en Colpensiones, mientras que el excedente irá al fondo privado que escoja. Otra es que habrá una renta para tres millones de adultos de $230.000.
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Sin embargo, ante las dificultades fiscales que tiene el país, ya hay quienes ponen en duda de que el Gobierno cumpla con este pago que se hará de manera mensual con el fin de sacar a millones de colombianos de la pobreza absoluta. Así lo dejó entrever el reconocido experto en pensiones Kevin Hartmann, abogado e investigador del Instituto de Derecho Social, por medio de un hilo en X.
En el mismo, reconoció que el pilar solidario es el corazón de la reforma. En la publicación, basada una columna de opinión que escribió para el portal Razón Pública, denominada “El pilar solidario: una promesa que se esfuma en el aire”, explicó que el Decreto Único Reglamentario que expidió recientemente el Ministerio de Hacienda hará que la promesa no se cumpla.
Problema de reglamentación: “Las cuentas no cuadran”
Al respecto, Kevin Hartmann advirtió que, aunque la promesa era justa, y se estableció que se pagará con cargo al Presupuesto General de la Nación (PGN) y al Fondo de Solidaridad Pensional (FSP), el problema está en su reglamentación.
“El Decreto 514 de 2025 (DUR) abre la puerta al incumplimiento sin necesidad de derogar la ley. No porque el Gobierno quiera fallar, sino porque no tiene cómo cumplir en los términos prometidos. Las cuentas no cuadran”, apuntó.
De igual manera, precisó que cumplir la promesa cuesta $4 billones por semestre. Entonces, el FSP aporta cerca de $1 billón y el resto debe salir del PGN, que ya tiene un déficit de más de $12 billones, así que no hay espacio fiscal.
Flexibilidades clave
El experto en pensiones Hartmann indicó que, para incumplir los reglamentando, el DUR introduce dos flexibilidades clave:
- Permite restringir quién accede y permanece en el programa.
- Permite reducir la frecuencia de los pagos sin modificar el monto de cada transferencia.
En el primer caso, según Hartmann, el artículo 2.2.2.1.3 deja al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) la definición de criterios de selección. Y el 2.2.2.1.16 permite excluir beneficiarios por “las demás causales que determine” esa entidad. “Eso habilita recortes por vía administrativa”, lamentó.
Mientras que en el segundo caso, el artículo 2.2.2.1.7 permite pagar “hasta 12 ciclos” por año. Eso quiere decir que el Gobierno puede reducir la periodicidad sin cambiar la unidad de pago. Así las cosas, aclaró que “una renta mensual puede convertirse en bimestral o trimestral”.
Para él, el resultado es previsible:
- No se garantiza la cobertura proyectada.
- No se asegura la periodicidad mensual.
- El monto real entregado se diluye.
Parecido a Colombia Mayor
Ante esto, Hartmann manifestó que la promesa legal sigue intacta, pero el contenido se evapora en la práctica. De esta manera, insistió en que el pilar solidario acaba pareciéndose a Colombia Mayor, que es una política social sometida al ciclo fiscal y a la discrecionalidad del Gobierno.
Entonces, es un gasto flexible, así como un derecho en el papel, pero no en el presupuesto que termina con estos resultados.
Dificultades en el diseño
También, el experto en pensiones dijo que el problema no es solo fiscal, sino también de diseño. Puntualizó que hay opciones más inteligentes: un subsidio diferenciado por regiones según costo de vida, o reglas claras de acceso y permanencia que no dependan de cada administración.
“El pilar solidario no puede seguir siendo el primer sacrificio cuando el dinero no alcanza. Ni puede seguir dependiendo del humor fiscal del momento. Una política social con reglas débiles no es protección: es promesa sin sustancia”, agregó el experto.
Finalizó Kevin Hartmann al dejar claro que, por tanto, la conclusión no cambia: “Si la Corte Constitucional tumba la reforma, el Congreso debería volver a legislar. Pero esta vez con un diseño inflexible, claro, justo, que transforme el derecho en gasto obligatorio y que blinde a los adultos mayores frente a la austeridad”.
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