Gobernador de Caquetá le envió carta a Gustavo Petro para denunciar amenazas de las disidencias de alias Calarcá: “Tienen ubicadas a todas las familias”

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruíz, solicitó de manera urgente la intervención del presidente Gustavo Petro para rescatar a cinco menores que permanecen ocultos en la selva, tras escapar de un intento de reclutamiento forzado.

En una carta dirigida al mandatario nacional y conocida por Semana, Ruíz relató que los niños, cuyas edades van de los tres a los 18 años, quedaron en situación de vulnerabilidad luego de que sus padres, víctimas de secuestro por parte de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Calarcá, lograron huir y ponerse a salvo en una base militar.

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El gobernador explicó al medio citado que, antes del secuestro, los progenitores optaron por ocultar a sus hijos en la zona selvática para evitar que fueran capturados por el grupo armado.

La comunicación, conocida por Semana, fue enviada también a la Defensoría del Pueblo y a los ministerios de Defensa e Interior, con el fin de activar rutas de protección y asegurar la integridad física y mental de los menores y una joven que los acompaña.

Ruíz insistió en la urgencia de extraer a los menores de la selva, temiendo represalias de la organización ilegal. Por el momento, no se ha conocido respuesta oficial del Gobierno nacional.

Por su parte, alias Calarcá, señalado por múltiples delitos, continúa bajo escrutinio, mientras se debate su captura en el marco de la “paz total”.

Esto dijo el mandatario local en entrevista en 6AM W: “Tienen ubicadas a todas las familias”

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, alertó sobre el deterioro de la seguridad en el departamento y responsabilizó a las disidencias comandadas por alias Calarcá de diversos delitos, a pesar de la vigencia de una mesa de conversaciones con el Gobierno Nacional.

En una entrevista concedida a 6 AM W de Caracol Radio el 30 de marzo de 2026, el mandatario relató la situación de una pareja que permaneció secuestrada durante diez días en la zona del bajo Caguán y que consiguió escapar recientemente.

Ruiz explicó que la preocupación aumentó tras conocerse que los hijos de esta pareja fueron ocultados en la selva por integrantes del grupo armado ilegal. Actualmente, se desconoce el paradero de los cinco menores.

Según el gobernador, “tienen ubicadas a todas las familias y ejercen un constreñimiento total sobre la población”, en referencia a la presión ejercida por las disidencias para forzar el regreso de los padres al cautiverio bajo la amenaza de reclutar a los niños.

El funcionario también mencionó la influencia de alias Urias Perdomo, señalado de encabezar extorsiones, secuestros y otras acciones ilegales en municipios como San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá y Florencia.

En la conversación, Ruiz identificó a alias La Morocha como parte fundamental en el control social sobre las comunidades locales.

Durante la entrevista, el gobernador denunció la persistencia de incumplimientos a los acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones. Indicó que durante 2025 su administración envió más de 100 reportes sobre posibles violaciones, sin obtener, según sus palabras, una respuesta efectiva de las autoridades nacionales.

“El problema es que mientras hay una mesa de diálogo, estas estructuras se siguen fortaleciendo militar, económica y políticamente”, sostuvo Ruiz.

El mandatario respaldó la reactivación de órdenes de captura contra alias Calarcá, argumentando que el proceso de paz debe mostrar resultados concretos para la población.

Según el mandatario, “eso era supremamente necesario hacerlo”, en referencia a la urgencia de la medida adoptada en 2024.

El funcionario subrayó que existen “denuncias públicas y privadas” que señalan a alias Calarcá como responsable de actividades ilegales en la región.

En palabras del gobernador, la acción de la Fiscalía busca que el implicado “o se sienta a negociar de una manera real, con oportunidades reales, sí o no, pero que lo haga o que siga delinquiendo, pero ya sin prebendas por parte de la institucionalidad”.

Señaló que, de no lograrse avances, será necesario adoptar medidas contundentes contra la criminalidad. “Se está comprometiendo la seguridad, la vida y el patrimonio de más de medio millón de habitantes del Caquetá”, concluyó.