Un análisis preliminar de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) reveló que cerca de un tercio de los congresistas en Colombia estaría vinculado a casos de acumulación irregular de tierras baldías.
Esta denuncia, presentada por el director de la ANT, Felipe Harman, durante el reciente consejo de ministros, pone en el centro del debate público la relación de varios legisladores con presuntas prácticas de acaparamiento de tierras destinadas al uso público o colectivo.
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Harman explicó que la ANT ha iniciado un ejercicio de revisión e identificación de congresistas relacionados con estos casos, y aseguró que ya existen expedientes abiertos por la ANT con identificación predial específica.
“Nosotros hemos revisado de forma clara cuáles son presuntamente los congresistas que acaparan la tierra en Colombia”, afirmó en la intervención.
Este proceso, en etapa administrativa, busca esclarecer cómo se estarían violando normas sobre el uso de estas tierras.
Algunos nombres destacados en la denuncia incluyen al senador Marcos Daniel Pineda, señalado por presuntos manejos irregulares de terrenos en Cereté, Córdoba; la senadora Liliana Esther Vitar, por un predio con presunción de baldío en Ciénaga de Oro, Córdoba; y al senador Lidio García Turbay, investigado por un caso vinculado a un predio en San Juan de Nepomuceno, Bolívar, según detalló Harman.
En la lista también figuran otros congresistas que enfrentan investigaciones similares.
Entre ellos se encuentra la representante Ana Paula García, por posibles vínculos familiares asociados al acaparamiento de tierras en Córdoba, así como el representante Carlos Cuenca, con un proceso relacionado en Puerto Carreño, Vichada, donde ya se completó la fase administrativa.
Además, el senador Javid Méndez aparecía ligado a predios investigados en Vichada y Valle del Cauca.
Harman destacó que el mismo que votó negativo hoy aparece en esta investigación en materia de baldíos, haciendo referencia al rol de algunos legisladores en el debate sobre políticas de tierras.
Otro nombre mencionado fue el de Luis Eduardo Díaz Mateus, representante investigado por un predio en Cerrito, Santander.
Asimismo, Harman aludió a familiares de la senadora Paloma Valencia, cuyas propiedades en Vichada y Tolima también están bajo revisión por la ANT.
Según el director de la agencia, todos estos casos han sido abordados en el marco del actual gobierno y aún se encuentran en etapas de análisis administrativo.
De forma paralela a estas denuncias, el Gobierno nacional trabaja en un decreto que busca agilizar la redistribución de tierras, utilizando mecanismos de transferencia directa, sin compras ni costos presupuestales.
Según Harman, la propuesta, elaborada en conjunto con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Ministerio de Hacienda, reglamentará el Plan Nacional de Desarrollo, aumentando de forma significativa las hectáreas disponibles para este propósito.
“El potencial bajo administración del Fondo de Reparación de Víctimas podría pasar de 57.000 a 158.000 hectáreas”, indicó Harman durante el consejo.
En el caso de la SAE, se estima que la disponibilidad pueda incrementarse de 67.000 a 428.000 hectáreas.
El señalamiento directo a funcionarios públicos de alto rango ha generado un fuerte revuelo en el panorama político colombiano.
La acumulación irregular de tierras ha sido un tema recurrente en el país, ligado a desigualdades históricas en la tenencia y uso del suelo.
Las tierras baldías, que son bienes públicos destinados a la distribución para poblaciones vulnerables o para el desarrollo de proyectos productivos, han estado en el centro de múltiples disputas legales y políticas.
Las denuncias recientes resaltan la persistencia de prácticas que contravienen estos objetivos, involucrando además a actores con poder de decisión en las políticas públicas.
En este contexto, la propuesta del decreto de redistribución podría marcar un punto de inflexión. Además de ampliar la disponibilidad de tierras, busca eliminar barreras burocráticas para facilitar el acceso a estos recursos por parte de comunidades beneficiarias.
Aunque aún no hay detalles específicos sobre su implementación, las metas expresadas por Harman apuntan al fortalecimiento de la justicia social y la reparación histórica en el acceso a la tierra.
Las investigaciones de la ANT y las denuncias presentadas por su director ponen de manifiesto tanto los desafíos como las oportunidades de transformar la política de tierras en Colombia. Entretanto, el seguimiento a los procesos mencionados y el impacto del decreto serán claves para entender el alcance de estas medidas en los próximos meses
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