Guillermo García Realpe, presidente de la junta directiva de Ecopetrol, señaló como “grave y abusivo” polémico contrato con firma de abogados en Estados Unidos

El presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, Guillermo García Realpe, aseguró que la empresa no desembolsará los 5,8 millones de dólares estipulados en un polémico otrosí firmado el 31 de diciembre de 2024.

Este documento, que incrementó significativamente el valor de un contrato inicial con la firma estadounidense Covington & Burling LLP, está actualmente suspendido y bajo investigación interna.

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Según García Realpe, la junta directiva desconocía la existencia de este acuerdo adicional hasta un mes después de su firma, lo que calificó como un hecho “delicado, grave y abusivo”, según las declaraciones del directivo en La W.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, el contrato original, firmado en agosto de 2024, tenía un valor de 875.000 dólares y estaba destinado a realizar una consultoría sobre análisis de riesgos reputacionales.

Este tipo de acuerdos, según García Realpe, son una práctica habitual desde que Ecopetrol ingresó a la Bolsa de Nueva York en 2008.

Sin embargo, el otrosí modificó tanto el objeto como el monto del contrato, elevándolo a una cifra cercana a los 25.000 millones de pesos.

La firma del documento fue realizada por el director de Cumplimiento de la estatal, Alberto José Vergara, que hasta el momento no ha emitido declaraciones al respecto.

En declaraciones a La W Radio, García Realpe enfatizó que el contrato no busca defender al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, ni garantizar su permanencia en el cargo.

Según el directivo, el objetivo principal es proteger los intereses de la compañía y responder a los requerimientos de las autoridades, especialmente en Estados Unidos.

Roa, que anteriormente fue gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, enfrenta investigaciones relacionadas con presuntas violaciones a los topes de financiación durante las elecciones de 2022, lo que ha generado un impacto en la reputación de la empresa.

El presidente de la junta explicó que, tras conocer la existencia del otrosí en enero de 2025, se tomaron medidas inmediatas para suspenderlo. Además, se inició un proceso de análisis interno para determinar las circunstancias que llevaron a su firma sin la aprobación de la junta directiva.

García Realpe subrayó que la empresa no ha realizado ningún pago relacionado con este incremento contractual y aseguró que no se destinarán recursos de la compañía ni de los accionistas para cubrir dicho monto.

“sí existe el otrosí firmado por un funcionario que está siendo motivo de análisis por supuesto. Pero ojo, ese otrosí no tiene la connotación literal porque la Junta (lo conoció) más de un mes después–”, dijo García Realpe a La W.

El contrato con Covington & Burling LLP tiene como propósito evaluar los efectos de las investigaciones y demandas que involucran a Roa en el contexto de las operaciones de Ecopetrol.

Según García Realpe, esta asesoría es fundamental para garantizar que la empresa pueda responder de manera adecuada a las exigencias regulatorias y legales en Estados Unidos.

Sin embargo, el elevado costo del otrosí generó rechazo dentro de la junta directiva, que lo consideró desproporcionado y contrario a los intereses de la compañía.

El caso puso nuevamente a Ecopetrol en el centro de la polémica, sumándose a otros episodios que han afectado su imagen pública. Entre ellos, destacan las investigaciones en curso sobre la campaña presidencial de Gustavo Petro, en la que Roa desempeñó un papel clave como gerente.

La Procuraduría General de la Nación también solicitó sanciones contra el presidente de la estatal por presuntas irregularidades en el manejo de los topes de financiación electoral.

En medio de este panorama, García Realpe expresó su preocupación por las filtraciones de información que han salido a la luz en las últimas semanas.

Según el directivo, estas filtraciones han dificultado las discusiones internas de la junta directiva, aunque aseguró que el organismo se mantiene firme en su compromiso de actuar con transparencia y proteger los intereses de la empresa y sus accionistas.

El contrato inicial con Covington & Burling LLP, que permanece vigente, se enmarca en una estrategia de largo plazo adoptada por Ecopetrol para cumplir con los estándares internacionales de cumplimiento y gobernanza.

No obstante, el escándalo generado por el otrosí ha puesto en entredicho la gestión interna de la compañía y ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de control y supervisión dentro de la estatal más grande de Colombia.