Exministro de Justicia denunció a Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional en La Haya: lo acusa de crímenes de guerra

El exministro de Justicia Wilson Ruiz radicó este martes 27 de mayo de 2025 una denuncia contra el presidente Gustavo Petro en la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos.

El también expresidente del Consejo Superior de la Judicatura acusó al presidente Petro de presuntos “crímenes de guerra, lesa humanidad y responsabilidad penal por omisión”.

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La acción judicial está dirigida al fiscal general de ese organismo, Karim Khan, y tiene como propósito demostrar que el jefe de Estado “consolidó a su llegada al poder una estrategia militar y política, con el fin de empoderar a los grupos terroristas que delinquen al interior del territorio nacional”.

Según el exministro de Justicia en su denuncia, el presidente Petro abandonó “a su suerte a la población civil (campesinos, niños, adultos mayores, líderes sociales, entre otros) que han sido víctimas de estas organizaciones criminales”.

Por tal motivo, Wilson Ruiz le pidió al alto tribunal internacional a que intervenga en Colombia.

El exministro de Justicia en el gobierno de Iván Duque enumeró una serie de argumentos para que la Corte Penal Internacional intervenga en Colombia. El primero, los grupos criminales y la Paz total.

“El presidente de la República una vez posesionado el día 7 de agosto del año 2022 como primer mandatario, anunció una política denominada ‘LA PAZ TOTA’ y como consecuencia sé profirieron una serie de decretos para realizar acercamientos y crear beneficios a los grupos criminales que han afectado el territorio nacional”, precisa el escrito.

El segundo argumento tiene que ver con el gran número de denuncias sobre los supuestos pedidos que se habrían hecho en las cárceles para apoyar la candidatura presidencial de Gustavo Petro.

“Durante la campaña hacia la presidencia y con el propósito de recibir apoyo político de estos grupos terroristas el Jefe de Estado, designó como negociador a su hermano Juan Fernando Petro Urrego, quien visitó una a una las cárceles donde se encontraban recluidos varios líderes de estos grupos terroristas, con quienes negoció sus beneficios de alcanzar la presidencia de la república y así buscar su apoyo en las regiones donde estos criminales tienen su influencia, (Cauca, Nariño, Norte de Antioquia, Choco, César, Valle del Cauca, entre otros)“, indicó Ruiz.

En tercer lugar, Ruiz aseguró que un año después de ganar la Presidencia, supuestamente se demostró que en el ‘Pacto de la Picota’, el hermano del mandatario colombiano aceptó la misión encomendada, lo que habría confirmado “que efectivamente existía ese acuerdo y que como consecuencia de ellos la campaña habría obtenido más de 1 millón de votos con los que ganaron la presidencia”.

Wilson Ruiz sostiene que los procesos de paz han implicado la entrega de territorios por parte del Estado, lo que, según él, ha derivado en violaciones a los derechos humanos de miles de colombianos. Además, señala el marco legal que ha permitido los ceses al fuego con el ELN y otros grupos armados, así como declaraciones realizadas por los líderes de esas organizaciones.

En los siguientes apartados, Ruiz adjunta informes de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la ONU y Amnistía Internacional, que evidencian cifras alarmantes.

Entre ellas, el asesinato de 34 defensores de derechos humanos, más de 56.000 desplazados en 2024 reportados por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, y la ocurrencia de 14 masacres en 2025 con 44 víctimas, además de 93 masacres en 2023 con 300 víctimas según otras fuentes.

También se mencionan episodios como la crisis del Catatumbo y otras situaciones graves de violencia durante el presente Gobierno.

Para Ruiz, este conjunto de hechos configura una situación que debería ser objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional, bajo la consideración de crímenes de guerra por la inacción del presidente y crímenes de lesa humanidad por ejecuciones extrajudiciales, ataques contra civiles y uso excesivo de la fuerza en el marco del conflicto armado interno.

Finalmente, Ruiz solicita formalmente al Fiscal de la CPI iniciar la investigación contra el presidente Gustavo Petro por su presunta responsabilidad, principalmente por omisión, en delitos contemplados en los artículos 7 (crímenes de lesa humanidad), 8 (crímenes de guerra) y 28 (responsabilidad del jefe de Estado por omisión) del Estatuto de Roma, con base en los argumentos jurídicos expuestos.