Defensoría del Pueblo manifestó su “profunda preocupación” por judicialización de líderes campesinos en Antioquia

La Defensoría del Pueblo expresó su profunda preocupación tras la judicialización de once líderes campesinos y defensores del medio ambiente en Jericó, Antioquia.

A través de un comunicado oficial, la entidad rechazó lo que considera un uso desproporcionado del derecho penal para abordar una problemática que, en su criterio, debe entenderse desde una perspectiva estructural y no únicamente judicial.

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“Manifestamos nuestra preocupación por la judicialización de once líderes campesinos y defensores del ambiente en el municipio de Jericó, Antioquia. El Estado colombiano tiene la obligación de garantizar el derecho a defender derechos. Esto incluye a quienes defienden el agua, los bosques y la vida desde los territorios”, indicaron.

Según explicaron los organismos encargados, el caso involucra a personas sin antecedentes de violencia, cuyo accionar se ha enfocado en la protección del agua, la vida y el territorio. Para la Defensoría, estas acciones forman parte del ejercicio legítimo de la defensa de derechos fundamentales y colectivos, en especial el derecho a un ambiente sano, tal como lo establece el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia.

En su pronunciamiento, la entidad enfatizó que la protección del derecho al medio ambiente también implica garantizar que quienes lo defienden no sean perseguidos ni criminalizados por alzar su voz ante posibles afectaciones. En esa línea, el organismo citó el Acuerdo de Escazú, el cual en su artículo nueve obliga a los Estados parte a garantizar un entorno seguro para los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

La Defensoría señaló que el conflicto en Jericó no puede verse como un hecho aislado ni tratarse exclusivamente desde la óptica penal, sino que responde a una problemática socioambiental estructural que ha afectado históricamente a la región. Según el organismo, la creciente conflictividad social en zonas de actividad minera debe ser comprendida en su complejidad, reconociendo los impactos diferenciados que tiene sobre comunidades vulnerables.

El comunicado también recoge los principales argumentos que la Defensoría ha planteado en relación con los riesgos de una minería sin control. Entre ellos destaca que una regulación inadecuada de estas actividades puede afectar derechos fundamentales como la salud, el acceso al agua, la alimentación y la seguridad de las comunidades. Asimismo, la entidad instó a las autoridades a ejercer un control efectivo y establecer mecanismos de regulación adecuados para proteger tanto a las personas como a la naturaleza.

Frente a este panorama, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades judiciales para que revisen las consecuencias de criminalizar acciones de defensa ambiental realizadas de forma pacífica. Los organismos encargados recalcaron que las decisiones judiciales deben ser proporcionales, razonables y respetuosas del derecho a la protesta y al ejercicio ciudadano de la defensa del territorio.

En el comunicado se pide tener en cuenta aspectos como la trayectoria de quienes han sido imputados, la ausencia de violencia en sus acciones y el mandato constitucional de proteger los derechos colectivos y las generaciones futuras. La institución enfatizó en que el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar el derecho a defender derechos, lo que incluye a quienes trabajan por la protección del agua, los bosques y la vida en los territorios.

Finalmente, la Defensoría reiteró su compromiso con la protección de los defensores ambientales y resaltó que su labor no solo es legítima, sino también esencial para la vigencia plena del Estado Social de Derecho, la democracia ambiental y la justicia intergeneracional.

Y es que este pronunciamiento se suma a una serie de alertas tempranas emitidas por la Defensoría en distintos contextos donde se han identificado riesgos para los derechos humanos derivados de actividades mineras.

La situación de Jericó, marcada por años de conflicto socioambiental, se convierte así en un caso emblemático que pone en tensión la relación entre desarrollo económico, protección del medio ambiente y garantías democráticas.