
Luego del secuestro del menor Lyan Hortúa en Jamundí y su posterior liberación, la Fiscalía General de la Nación abrió una noticia criminal para esclarecer el homicidio de Antonio Cuadros, primo de Jorsuar Suárez —padrastro del niño—, ocurrido en la mañana del jueves 22 de mayo en el sur de Cali.
Cuadros, según confirmaron familiares y autoridades, fue la persona que entregó el dinero exigido como rescate por las disidencias de las Farc para liberar al menor, quien estuvo secuestrado durante 18 días en zona rural del Valle del Cauca.
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Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Cali asumió la investigación del crimen. Por su parte, la Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) ya inició labores de recolección de elementos materiales probatorios en el lugar de los hechos, ubicado en el barrio Bretaña.
El crimen tras la entrega del dinero para el rescate de Lyan Hortúa
Durante la mañana del mismo jueves, se conoció la versión de un tío del menor, quien confirmó a medios de comunicación que la familia accedió a pagar el monto exigido por los captores como condición para la liberación de Lyan José Hortúa. Horas más tarde, se confirmó el homicidio de Antonio Cuadros, que, de acuerdo con las versiones oficiales, fue el encargado directo de realizar esa entrega.
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“Se dice por parte de los familiares que fue él quien entregó el dinero del rescate”, afirmó el personero de Cali, que además rechazó categóricamente el crimen. “Es un acto repudiable, la muerte no puede hacer carrera en el territorio. Cali necesita ser un corredor de paz, no podemos permitir que los violentos sigan interviniendo y comprometiendo la vida de aquellas personas que alzan su voz”.
Según los primeros informes, Cuadros fue atacado con arma de fuego mientras se desplazaba con su esposa por el barrio Bretaña. El ataque ocurrió en plena vía pública y fue perpetrado por individuos aún no identificados. La esposa de Cuadros resultó herida y permanece bajo atención médica en un centro asistencial de la ciudad.
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Lyan fue secuestrado en su vivienda en Jamundí. Su desaparición movilizó a la comunidad y a distintas autoridades locales y nacionales, que presionaron públicamente por su regreso. Durante el cautiverio, se realizaron velatones y jornadas de protesta pacífica, muchas de ellas con la participación de Antonio Cuadros, que según reportes oficiales acompañó los procesos de negociación para su liberación.

El caso generó una fuerte conmoción en el país, no solo por la participación de un grupo armado ilegal en el secuestro de un menor, sino también por la forma en que se resolvió el caso y las consecuencias fatales que sobrevinieron.
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Según el tío del menor, la familia del menor decidió no revelar el monto exacto del rescate, por razones de seguridad. No obstante, el diario El Tiempo reportó que la suma entregada a los secuestradores podría haber alcanzado los 4.000 millones de pesos.
Bonilla relató que el entorno familiar durante los días del secuestro estuvo marcado por una fuerte carga emocional, dominada por el miedo y la incertidumbre ante lo que pudiera pasar con el niño. En ese contexto, reconoció abiertamente: “Sí, tuvimos que pagar un rescate”.

Tal como reportó La FM, los familiares optaron por no informar a las autoridades sobre la entrega del dinero, prefiriendo mantener las negociaciones en estricta reserva.
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Bonilla también reveló que esta decisión tuvo graves repercusiones económicas para la familia, aunque dejó claro que el objetivo principal siempre fue proteger la integridad del menor. “Nos dejaron endeudados, pero lo importante era la vida del niño”, puntualizó.
Por el momento, la Fiscalía no ha revelado por ahora detalles sobre los posibles móviles del asesinato ni los autores materiales o intelectuales del mismo. Sin embargo, la Policía y el CTI continúan con las labores investigativas, mientras familiares de Cuadros y de Lyan claman por justicia.
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